Explotación laboral a los presos en el C. P. Córdoba

La dirección de la cárcel dice que los sueldos son consensuados. APDHA afirma que trabajan 70 horas semanales y cobran a 0,80 la hora.
Fuente: La haine

Alrededor de medio centenar de internos del centro penitenciario de Alcolea están siendo sometidos a explotación laboral, según denunció ayer Valentín Aguilar, vocal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH).
Los reclusos de los talleres de cocina "trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 8 y cuarto de la tarde"; a los de confección industrial se les paga a destajo hasta un máximo de 150 euros, y los de lavandería están en una situación similar. Ninguno llega al salario mínimo interprofesional, trabajan 70 horas en siete días seguidos y solo descansan al octavo, una situación "casi de esclavitud" que ha hecho a esta asociación acudir al juzgado de lo Social, "que nos ha dado la razón" en dos sentencias.
Aguilar señaló que "la hora sale a 0,80 euros, no les pagan las horas extras y no hay vacaciones", a lo que se suma que "los presos tienen derecho al trabajo pero muy pocos tienen acceso".
La dirección de la cárcel cordobesa ha negado estos extremos y ha subrayado que los sueldos están consensuados y que "en ningún caso se paga a 0,80 la hora". A esto ha añadido que "no todo el mundo quiere ni puede trabajar mientras cumple condena", según Efe.
De otra parte, Esther Muñoz, delegada de APDH, puso de relieve "las condiciones infrahumanas" de los presos derivados al hospital General, y dijo que se han dado casos de reclusos "que han estado esposados de pies y manos" a la cama, un hecho "insostenible en un Estado de derecho".
Según dijo Muñoz, los internos "no tienen derecho al sistema sanitario público, en las cárceles no hay especialistas y tienen que acudir al exterior". El espacio habilitado en el hospital "ha sido remodelado sin planificación y ha tenido consecuencias lamentables", entre otras, que las visitas de familiares "han sido casi imposibles en ocasiones", ya que deben contar con la autorización de comisaría, y no de la dirección del centro penitenciario.
Muñoz explicó que "hemos recibido varias quejas en mayo y junio" e insistió en "los criterios economicistas" a la hora de prestar atención sanitaria a los presidiarios.