¿Estado de Derecho?

La petición de traslado de una línea telefónica destapa la existencia de escuchas policiales al diario vasco Gara
Fuente: Insurgente

inSurGente.- Las gestiones realizadas por la empresa editora del diario vasco Gara ante la compañía Telefónica al objeto de trasladar la ubicación de una línea en Iruñea han destapado la existencia de escuchas policiales a este diario. Esas gestiones demostrarían que todas las llamadas recibidas en la delegación de Gara en Pamplona son rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Baigorri Argitaletxea ha presentado la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Iruñea. Las escuchas sin orden ni permiso judicial y por las vías más variadas son una práctica tan ilegal como habitual que las Fuerzas de Seguridad del Estado y agentes del Centro Nacional de Inteligencia desarrollan de manera impune. Ni los casos más evidentes, como el descubierto en la sede de Herri Batasuna en Vitoria-Gasteiz, ni los que han afectado a personas aforadas, incluido el lehendakari, han tenido sanción práctica final. Hagan clic en "Leer más" para ampliar la información.
Gara (Josu Juaristi).- Lo que debía ser una simple gestión administrativa con la compañía Telefónica para solucionar un traslado de línea de un local a otro de Iruñea terminó de un modo ciertamente desagradable. Con la constatación, una vez más, de que en este país se conculcan derechos básicos con toda impunidad.
Dentro de las gestiones mencionadas, el 14 de julio recibíamos una llamada de la compañía al objeto de concretar a qué domicilio debían remitir las facturas a partir del momento del traslado de la línea telefónica. Ante nuestra extrañeza, pedimos aclaraciones y el interlocutor nos cita, para nuestra sorpresa, dos posibles domicilios a los cuales podría remitir las futuras facturas: la nuestra propia (hasta ahí todo bien), y una segunda que correspondía a... la Jefatura Superior de Policía Nacional, sita en la calle General Chinchilla nº 3-5, planta baja, de Iruñea. Huelga decir que la delegación de Gara y la Jefatura Superior de la Policía española no se encuentran en el mismo edificio, ni tan siquiera en la misma zona de la capital navarra.
Y el lector, avispado, se preguntará: ¿cómo es posible que en la compañía Telefónica figuren dos domicilios para la delegación de Gara en Iruñea y que uno de ellos sea el de la Policía Nacional?
Llamadas desviadas
A la vista de los datos, y una vez comprobado que las siguientes gestiones no permitían conseguir mayores aclaraciones, sino que se limitaban a confirmar que, efectivamente, a la compañía le figuraba esa segunda ubicación -incluso se nos facilita el número de teléfono correspondiente a ese segundo domicilio, lo que permite comprobar que, efectivamente, correspondía a la Policía Nacional-, la conclusión es tan obvia como grave: las llamadas que GARA recibe en su delegación de Iruñea son desviadas o rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía Nacional y, por lo tanto, escuchadas, grabadas o lo que sea que hagan con ellas.
«Supongo que será un error», es el único añadido que arrancamos de nuestra interlocución en Telefónica. Pero, ¿cree el lector que existen semejantes casualidades en este país?
Denuncia
En la pertinente denuncia presentada ayer por la empresa editora de este diario ante el Juzgado de Guardia del Palacio de Justicia de Navarra, se apunta, obviamente, que quien presenta la misma no tiene conocimiento de que por cauce legal alguno se haya decidido la interceptación de sus comunicaciones.
De tal modo que, tras lo expuesto y los diáfanos indicios que motivan la denuncia, la empresa editora de GARA solicita la práctica de las siguientes diligencias de prueba:
- que la compañía Telefónica informe al Juzgado arriba mencionado de si se está practicando alguna intervención o escucha telefónica de las llamadas recibidas en la delegación del periódico en Iruñea o en cualquier otra línea telefónica de la empresa editora de GARA, y la causa u origen de la misma.
- y que, asimismo, se inste a la Jefatura Superior de la Policía española para que informe al Juzgado si está practicando alguna escucha telefónica de ése u otro número de Gara.
Práctica ilegal y asidua ejecutada con impunidad
Gara (Iñaki Iriondo).- El espionaje político es una práctica delictiva pero consentida por los poderes del Estado español, hasta el punto de que sus autores saben que actúan en condiciones de casi total impunidad y con protección oficial. Los hechos así lo demuestran. En los pocos casos en los que se ha demostrado la existencia de escuchas ilegales, la depuración de responsabilidades ha acabado diluyéndose y quedando en nada.
Un ejemplo paradigmático es el de las escuchas descubiertas en la sede de HB de Gasteiz en marzo de 1998. A raíz de un cambio de centralita telefónica se encontró un dispositivo en el falso techo que llevaba cables al piso superior, alquilado por el Cesid, y donde aparecieron numerosas grabaciones de conversaciones privadas. La condena inicial contra dos directores del espionaje español y contra dos de sus agentes, dictada por la Audiencia Provincial de Araba tras una instrucción llena de obstáculos oficiales, fue corregida por instancias judiciales superiores, hasta acabar absolviendo o indultando a todos los condenados. Y el Tribunal Supremo se permitió escribir en la sentencia que espiar a HB -una formación legal durante los años de escuchas- «no puede llamar la atención».
Un caso más cercano nos lleva a las fechas posteriores al 11-M de 2004. En julio de ese mismo año trascendió públicamente una «nota informativa» del CNI en el que daba cuenta de conversaciones telefónicas mantenidas tras los atentados de Madrid entre el presidente de ERC y Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, Josep LLuís Carod- Rovira, y el parlamentario de Sozialista Abertzaleak Arnaldo Otegi y entre éste y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el parlamentario de EA Rafael Larreina. EA y ERC solicitaron la comparecencia en comisión del Congreso del director del CNI y de la vicepresidenta del Gobierno a fin de que informaran sobre el porqué de estas escuchas y la garantía de la protección del secreto de comunicaciones. Las peticiones, efectuadas en julio de 2004, no fueron atendidas en toda la legislatura y acabaron caducando con la disolución de las Cortes.
En torno a Gara
Lo ocurrido ahora en la delegación de Iruñea no es el único episodio que hace pensar en la existencia de un espionaje ilegal y en el que de una u otra forma aparece afectado este diario. Hace diez años, cuando comenzaba a ponerse en marcha Gara, en la primera visita al local que hoy es la redacción de Donostia se observó un extraño montaje que hacía sospechar que se habían estado realizando escuchas al local situado debajo, en el que está la sede de EA. La planta de edificio estaba como había quedado de obra (techo, suelo y columnas, ninguna pared), pero «en una zona -recuerda una persona que visitó el edificio- se había levantado una especie de habitáculo, creo que con láminas de madera o algo parecido, en el que había evidencias, como algún instrumento de gimnasia, que dejaba claro que alguien había estado allí pasando mucho tiempo. A aquel habitáculo llegaban varios tubos de plástico, de los que se emplean para canalizar cables, que conectaban con el piso de abajo».
El otro caso afectó directamente a la primera directora de este diario, Mertxe Aizpurua. «Un familiar llamó en una ocasión a mi domicilio -comenta- y escuchó la conversación que había mantenido yo la víspera en mi casa. No por teléfono, sino en casa». Una muestra de cómo el teléfono puede ser utilizado también a modo de micrófono para controlar todo tipo de conversaciones que se produzcan cerca de él.
Al PNV, en el despacho del Congreso
En 2003 las secretarias del grupo del PNV en el Congreso comenzaron a notar ruidos extraños en sus teléfonos. Aparecían interferencias y, en una ocasión, tras marcar un número exterior y antes de oír el tono de llamada, escucharon la reproducción de una conversación del día anterior. El grupo denunció el caso a la presidenta de la Cámara y uno de los agentes de la comisaría del Congreso revisó la instalación y dijo que no había observado nada raro.
El entonces diputado Iñaki Anasagasti cuenta en su libro «Agur Aznar» que le preguntó a un dirigente del PSOE si pensaba que les habían estado espiando o si creía que todo era un montaje propagandístico del propio PNV. «Por supuesto que os han puesto escuchas -le respondió- pero esta sociedad está tan vacunada contra el nacionalismo que digáis lo que digáis, denunciéis lo que denunciéis, nadie os hará el menor caso».
También el parlamentario de Ezker Batua, Oskar Matute, tiene la sensación de haber sido espiado en más de una ocasión. En los tiempos en los que se estaba fraguando el Acuerdo de Lizarra-Garazi, en cuya gestión y desarrollo participó, se encontró en dos ocasiones el coche abierto y lo único que le faltaban eran algunos papeles.
A la izquierda abertzale, con descaro
El espionaje contra la izquierda abertzale ha sido una constante, pero en los últimos años se observa un mayor descaro y osadía por parte de los encargados del control, llegando a haber instalado sistemas de escuchas dentro de domicilios particulares, como el que un ex preso político comparte con otros compañeros de piso, y artilugios de seguimiento en los vehículos de varios militantes independentistas. Además de la función de control y obtención de información, este tipo de actuaciones tienen también la intención de intimidar a sus víctimas.
Uno de los episodios más chuscos en materia de espionaje lo sufrió el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en verano de 2004. Dos hombres que se hacían pasar por empleados de Euskaltel entraron en su domicilio aduciendo que debían tomar imágenes del cableado de la fachada. Una vez en la casa grabaron de forma disimulada imágenes del interior, lo que despertó sospechas. La empresa telefónica negó haber encargado un trabajo de ese tipo, por lo que la familia de Otegi presentó la oportuna denuncia, aportando la matrícula y datos del vehículo de los dos falsos técnicos de telefonía.
Durante el último proceso negociador las labores de seguimiento y control de los interlocutores de Batasuna no se frenaron en ningún momento, hasta el punto de que había mahaikides que ya conocían a los agentes encargados de sus seguimientos y cruzarse con ellos en la acera al salir de casa o verlos esperar dentro de sus vehículos en las cercanías de donde tenían aparcado el coche daba lugar a situaciones paradójicas. Pero no siempre las actuaciones policiales son tan evidentes y se limitan al seguimiento personal. El asesor de la comisión negociadora de Batasuna, Unai Fano, encontró un sistema de GPS, activable por teléfono, en su coche. Curiosamente, cuando el 1 de febrero de 2007 Fano viajaba hacia Bilbo a la rueda de prensa de denuncia del caso, fue retenido violentamente por la Guardia Civil. Pero el artilugio ya estaba en la capital vizcaina para ser expuesto ante la prensa.
Pese a las denuncias presentadas en todos los casos, no consta que haya ningún tipo de actuación penal contra los espías.
Espionaje a los medios en un "Estado de Derecho" (Editorial de Gara)
Cuando se pone en cuestión que el Estado español sea un Estado de Derecho y, por ende, una democracia, la mayoría de los medios de comunicación y partidos políticos españoles, y algunos vascos, aparentemente indignados, se llevan las manos a la cabeza ante semejante, dicen, infamia. En Euskal Herria, sin embargo, la labor de los distintos aparatos estatales les deja en evidencia. Hoy, desgraciadamente, este diario pasa a ser lo que nunca debería ser más allá de su quehacer informativo: noticia. Y nos vemos obligados a presentarnos ante nuestros lectores y ante la sociedad vasca con la denuncia presentada por las escuchas policiales de las que es objeto.
Habrá quien piense que esto, más o menos, es «normal», hasta tal punto estarían algunos asimilando o, peor aún, aceptando una situación absolutamente intolerable e inaceptable desde el punto de vista de los derechos más básicos. Pero no permitamos que un Estado de Derecho que no es tal socave hasta ese punto la percepción de las cosas. Descubrir secretos o vulnerar la intimidad interceptando telecomunicaciones o utilizando artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción está tipificado incluso en el Código Penal de quienes (el Estado español, en el caso que nos ocupa) dicen ser adalides de la democracia, y es mucho más grave cuando es cometido por la autoridad o funcionarios públicos. Y es especialmente grave cuando a quien afecta ese hecho es a un medio de comunicación, como es el caso, puesto que interceptando sus comunicaciones se pone en peligro el secreto de las fuentes de información, y de ese modo se está atentando contra un derecho fundamental, el de emitir y recibir información veraz.
Es un hecho extremadamente grave, así lo hacemos constar y así lo denunciamos. Y somos muy conscientes, obviamente, de que no es un hecho aislado, de que las escuchas policiales en Euskal Herria son, lamentablemente, algo habitual y muchas veces denunciado (y demostrado), tanto por las personas, partidos políticos, asociaciones u organizaciones afectadas como por algunos medios de comunicación, y en especial por éste que tienen en sus manos.
En nuestro caso, no podemos sino lanzar al aire varias preguntas: ¿Con qué objeto se espía a Gara? ¿Cuántas de sus líneas telefónicas están interceptadas y son desviadas a oficinas policiales? ¿Desde cuándo tienen lugar? ¿Quién ha ordenado la realización de esas escuchas policiales? Habrá quien sostenga que, pese a todo, es un Estado de Derecho; muy bien, pero, entre otras cosas, se espía a los medios.