miércoles, 30 de julio de 2008

La tragedia de los accidentes laborales en el estado español

Fuente: Mas voces
En el estado español, el año pasado 1.338 trabajadores y trabajadoras perdieron la vida en el trabajo y este año todo apunta a que se batirá de nuevo este triste récord sin que empresarios ni administraciones asuman ningún tipo de responsabilidad. Para la Confederación General del Trabajo, CGT, conociendo estas cifras de antemano, no puede argumentar excusa alguna ya que existen medidas eficaces para atajar las muertes si realmente se considerara a estas como una auténtica “catástrofe nacional”. Radio Klara, en Valencia, entrevista a Desiderio Martín, de la Confederación General del Trabajo.
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martes, 29 de julio de 2008

La tortura como instrumento político

Fuente: El otro pais

Treinta y tres años después de la muerte del dictador, la práctica de la tortura en España continúa siendo habitual. El discurso oficial sigue centrándose en la supuesta excepcionalidad de los malos tratos, pese a los datos conocidos, que, según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se cifran en una media de alrededor de 700 casos anuales desde el año 2004.
Por su parte, el Relator especial de la ONU para el tema de la tortura, Manfred Nowak, recogiendo la información facilitada por la Coordinadora, señala que aquí se produce el archivo sistemático de las denuncias por torturas y malos tratos, y destaca, además, los retrasos en su investigación o la falta de impulso procesal. También recoge, con escándalo, algunos ejemplos de pronunciamientos judiciales indignantes, en relación con las correspondientes denuncias por torturas, o declaraciones de apoyo de autoridades públicas a funcionarios condenados por este tema, incluidos homenajes públicos, indultos y demás actitudes institucionales que expresan la falta de voluntad política para garantizar los derechos de las personas en este ámbito.
Ésa ha sido la tónica general desde el inicio de la Transición hasta hoy. En este número recordamos el asesinato del joven anarquista Agustín Rueda, hace treinta años, en la prisión de Carabanchel, a manos de sus carceleros, durante un criminal interrogatorio. Sus verdugos no llegaron a pasar ni ocho meses encarcelados.
Un par de años después, el 6 de septiembre de 1980, fallecía, en las dependencias de la Dirección General de Seguridad, José España Vivas, de 25 años, activo militante del movimiento ciudadano de Alcalá de Henares y acusado de tener conexiones con los GRAPO. Oficialmente, sufrió un infarto mientras estaba siendo interrogado por agentes de la Brigada Central de Información y no se realizó ninguna investigación sobre su muerte. Sin embargo, unas fotos obtenidas en el Instituto Anatómico Forense mostraban el cadáver de España Vivas con los pies hinchados, quemaduras de cigarrillos en distintas partes del cuerpo y otros signos evidentes de haber sido sometido a una brutal sesión de tortura.
En las mismas dependencias policiales, sólo unos meses más tarde, en febrero de 1981, fue asesinado, durante otro interrogatorio, el militante vasco Josefa Arregui. Uno de sus torturadores, el policía Juan Antonio Gil Rubiales, sería ascendido, en 2004, a comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
«Al amparo de un sistema podrido y con el recurso cada vez más frecuente a la legislación especial, la tortura, también en nuestra piel de toro, se ha convertido en un método sistemático para la represión», escribe Juan Ramos en estas páginas. Él mismo sufrió en sus propias carnes, más de una vez, los métodos de trituradores franquistas como los hermanos Creix, que convirtieron, durante años, la vieja Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ubicada en la Via Laietana, en la casa de los horrores.
Muchos pupilos de los Creix y de otros torturadores del Régimen, como el siniestro comisario Yagüe o Roberto Conesa, hicieron carrera durante la Transición, y su herencia sigue activa hoy.
Las terribles imágenes que mostramos en portada —el cadáver de Agustín Rueda y el rostro desfigurado de Unai Romano— se tomaron con más de dos décadas de diferencia, pero tienen un nexo común: la tortura como instrumento político para combatir a la disidencia más comprometida. En la dictadura, en la Transición y en esto que hay ahora.
Además, la carta blanca para la práctica de los malos tratos, otorgada por la actitud del Gobierno, se extiende también a las policías autonómicas y locales, según el informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. En este terreno, como en tantos otros, Zapatero sigue los pasos de Felipe González. Sólo hay que recordar el caso de Rodríguez Galindo, virrey de Intxaurrondo y uno de los principales responsables del «GAL verde», que fue ascendido a general por González, a pesar de encontrarse imputado, en el caso de Lasa y Zabala, por secuestro, torturas y asesinato. Finalmente sería condenado, pero está en su casa.
Bajo el mando de Galindo medraron fieras como el sargento Dorado Villalobos, autor material del asesinato de Lasa y Zabala, que ya había sido condenado anteriormente por torturas e indultado por Felipe González. Tras un casi imposible recorrido en busca de la verdad, las denuncias de malos tratos se encuentran siempre con todo tipo de obstáculos judiciales, policiales y políticos. En los pocos casos en que se consigue una condena en firme para los torturadores, al final aparece el indulto gubernamental.
La red Galindo fue también responsable de torturar hasta la muerte, en Intxaurrondo, al conductor de autobuses Mikel Zabaltza. Le interrogaban sobre algo que él no podía saber, porque no tenía ninguna relación con ETA, y a sus torturadores se les fue la mano. Era el año 1985. Su cadáver apareció en el río Bidasoa. Aún recordamos con indignación el repugnante reportaje que realizó sobre este caso Javier Basilio, para el programa de TVE «Informe Semanal», avalando, con sorna, la versión oficial de la Benemérita institución. Eran los tiempos de la radiotelevisión felipista, infestada de comisarios políticos que miraban con lupa cualquier referencia informativa a los GAL o a la OTAN.
La cosa no ha cambiado nada. Hace unas semanas, en el «Diario Hablado» de las dos de la tarde, de Radio Nacional, se informó brevemente sobre las demoledoras conclusiones de Amnistía Internacional en relación con la tortura en España. Cuando finalizaron las palabras de la representante de este organismo, el comisario jefe del programa, Rafael Bermejo, no pudo quedarse callado. «Esa señora —dijo con desdén— probablemente no sabe que los miembros de ETA tienen órdenes de denunciar torturas cuando los detienen.»

Comunicado de Amadeu Casellas, preso anarquista en huelga de hambre indefinida y nuevos escritos de protesta -¡Solidaridad urgente!

Fuente: La haine
Amadeu comenzó la huelga de hambre el pasado 22 de junio, y afirma que no cederá hasta que le concedan la libertad. Lleva más de 20 años encarcelado, y se niegan a concederle la libertad condicional.
Hoy día 18 de Julio del 2008, han traído a la enfermería de Quatre Camins, a Juan Alfonso Casquero, que estaba en huelga de hambre desde hacía más de 70 días. Me he quedado de piedra al ver cómo lo han dejado. Está mentalmente desequilibrado, no sabe lo que dice, ni tan siquiera dónde está, ni por qué; en una palabra, lo han anulado como persona y como ser humano.
Me imagino que Montserrat Tura y Albert Batlle, como máximos responsables de las cárceles catalanas, estarán orgullosos porque está muerto en vida y para ellos, de eso se trata, ir exterminando con todo foco de resistencia.
En mi caso estos hechos han producido el efecto de refuerzo de la huelga de hambre que estoy manteniendo desde el día 22 de Junio del 2008. De momento continuo en la enfermería, he perdido unos 17 kilos; los niveles de azúcar están entre los 50 y 70 para que el riego cerebral esté activo; tengo la moral más alta que nunca y llegaré hasta las últimas consecuencias: Libertad o muerte. No hay otra salida.
También animo a lxs que están luchando, tanto dentro como fuera, a que sigan luchando contra este sistema catalán carcelario fascista y podrido, tal y como demuestran estos hechos. No podemos permitir que silencien estas situaciones y la única manera es la lucha; cada unx como crea conveniente.
Espero que este comunicado se difunda por todos los medios posibles.
Un fuerte abrazo libertario y ánimos.
Salud y Anarkía
Amadeu Casellas Ramon
Granollers 18/07/2008

Aquí os ofrecemos los distintos escritos de protesta para enviar a los organismos competentes respecto a la situación de gravedad por la que está pasando el preso anarquista Amadeu Casellas Ramón tras más de un mes en huelga de hambre por su inmediata libertad.
Dirección de los SERVEIS PENITENCIARIS
Carrer Aragó 33208009 Barcelona
Fax 932140179
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A la atención de la Dirección de los SERVEIS PENITENCIARIS
El Sr. Amadeu Casellas Ramón, interno en el Centro Penitenciario de Quatre Camins (Granollers), preso desde hace casi 30 años y sin delitos de sangre, ha iniciado el día 23 de junio de 2008 una huelga de hambre para exigir su libertad condicional.
El Sr. Casellas cumple todos los requisitos contemplados en el Código Penal vigente para la concesión del tercer grado (CP 1995, reformado por LO 7/2003 de 30 de junio):
-Tener cumplidas las 3/4 partes de la condena.-Mostrar una conducta favorable.
Además el Sr. Casellas dispone de un amplio círculo de familiares y amigas/os dispuestas/os a ayudarle en su reintegración social, así como de una oferta laboral.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos el inicio de los trámites necesarios para la concesión del tercer grado del Sr. Amadeu Casellas Ramón y tener acceso a la libertad condicional.
Atentamente
(Nombre y apellidos y DNI)
En , de de 2008
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Juzgado Penal Nº 2 de Manresa
Fax: 93 872 7105
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A la atención de la Jueza/Juez del Juzgado Penal Nº 2 de Manresa:Por el presente escrito, quisiera llamar nuevamente su atención sobre la delicada situación en la que se encuentra el Sr. Amadeu Casellas Ramon, actualmente preso en el centro penitenciario de Quatre Camins y en huelga de hambre.
Este Juzgado, ha resuelto denegarle su solicitud de limitación de condena, y por el presente escrito, le instamos a que por cuestiones humanitarias, modifique la resolución limitándola a un cumplimiento de 20 a 30 años, máximos contemplados en la ley; pues el Sr. Casellas lleva ya más de 20 años de condena, toda una vida, y de no resolver la solicitud en este sentido, estarí¬a siendo condenado a una cadena perpetua.
Sin otro particular que agradecer su atención y pronta resolución de esta solicitud, se despide atentamente.
(Nombre, apellidos, DNI)
En , de de 2008
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Sindic de Greuges de Catalunya
C/ Josep Anselm Clavé 3108002 Barcelona
Tlf.- 93 301 8075
Fax.- 93 3013187
Para envío de E-mail
Sr. Rafael Ribó
Sindic de Greuges de Catalunya
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Por el presente escrito, quisiéramos expresar nuestra alarma y preocupación por la situación del Sr. Amadeu Casellas Ramón, preso en el centro penitenciario de Quatre Camins, y en huelga de hambre desde ya hace más de un mes. En estos momentos el Sr. Casellas ya ha perdido quince kilos, y su situación es muy delicada.
El motivo de dicha huelga, es su reclamación de que se ponga un lí¬mite a su condena, algo que nos parece del todo justo y razonable si tenemos en cuenta que, ya lleva veintidós años pagando condena; es decir, toda una vida. Creemos que el Sr. Amadeu Casellas ha pagado con creces su deuda con la justicia y que no se le puede condenar, de hecho, a una cadena perpetua.
El Sr. Casellas denuncia que "desde la prisión no me quieren aplicar lo que me corresponde como represalia por algunos hechos ocurridos muchos años antes" y asegura que el equipo de tratamiento "envía informes antiguos a las autoridades competentes, obviando los progresos conseguidos los años posteriores".
La situación todavía es más insostenible si tenemos en cuenta que la jueza del Penal 2 de Manresa, Érika Lopez Gracia ha denegado su solicitud de refundición de condenas.
Por lo tanto, pues, esperamos que usted, como Si¬ndic, mediara urgentemente en este asunto, antes de que las consecuencias sean irreversibles.
Atentamente,
(Nombre, apellidos, DNI)
En , de de 2008

Cándido y Morala: "Si de algo nos arrepentimos, es de no haber quemado más barricadas para defender el trabajo"

Fuente: Corriente alterna

"Ellos nos llaman terroristas en sus periódicos por hacer barricadas para defender los puestos de trabajo, pero al día siguiente aparece una noticia con el despido de 2000 personas y de eso no dicen nada negativo. Si de algo nos arrepentimos es de no haber quemado más barricadas para luchar contra este terrorismo patronal". Con palabras como éstas se expresaban Cándido y Morala en su intervención como invitados en el XXV campamento internacional de jóvenes revolucionari@s ayer por la mañana.
Tras la bienvenida del sábado con una presentación del campamento y de la situación política del Estado español, en la que se denunció que la crisis económica la paguen los mismos de siempre -l@s trabajadores y capas desfavorecidas de la sociedad-, el recorte de libertades, etc... llegó el domingo por la mañana el primer forum, en el que se analizaron varias de las contradicciones más sangrantes del actual sistema capitalista. Ante más de 600 jóvenes activistas de multitud de países y en un entorno natural del corazón de Girona.
Empezando por la cuestión de la guerra, un compañero del estado español planteó el nefasto balance de las invasiones de Afganistán e Irak, destacando el necesario rechazo de las guerras imperialistas, ya sean avaladas por la OTAN, la ONU o cualquier otro organismo. No aceptaremos ninguna invasión de Irán y seguiremos denunciando el acoso sobre Líbano, Palestina, América Latina, etc. Los gobiernos como el español y el anterior italiano que se dicen de izquierdas y envían tropas a Afganistán, Líbano y otros países deben ser denunciados sin cuartel: son las neoliberales políticas antisociales e imperialistas que aplican y no las denuncias que reciben desde la izquierda lo que los llevan a la derrota política, moral y electoral.
La ponente francesa ponía en contexto la crisis actual, el papel de la especulación con el petróleo y alimentos como base de la misma. La crisis, a pesar de plantear condiciones objetivas para la posibilidad de un cambio radical no va acompañado por unas condiciones subjetivas, esa es la función de las organizaciones, trabajar por organizar las resistencias y el aumento de la conciencia por un cambio revolucionario. Desde Portugal se planteaba la situación generalizada de ataque a los servicios públicos y el mundo del trabajo. El neoliberalismo necesita un nuevo tipo de trabajadores flexibles y sin derechos, y a eso se dirige el conjunto de contrarreformas que estamos sufriendo. Sobre la cuestión ecológica un compañero sueco nos presentó con una bonita pero trágica metáfora la situación ambiental de urgencia que vivimos: los mineros antiguamente se llevaban un pájaro a la mina, así podían saber que faltaba el oxígeno si el pájaro moría y podían escapar antes de morir asfixiados. En el momento actual podemos considerar los casquetes polares en descomposición progresiva como el pájaro de los mineros... el problema es que ante tan preocupante aviso, la humanidad no puede escapar de la mina porque se trata de nuestro planeta. "No hay crimen más horrible que destruir voluntariamente la naturaleza y el hábitat de millones de personas solamente por incrementar las ganancias privadas, y eso es el capitalismo". Esta es la tragedia que nos pone en el dilema urgente de tomar un camino, retomando una fórmula anterior: "ecosocialismo o barbarie".
Sobre la lucha que desarrollaron juntos a sus compañeros de trabajo y la represión sufrida, Cándido y Morala, que nis visitan desde Asturias, nos dicen: "es una lucha colectiva". A ellos les tocó estar en el comité de empresa y cargar con los procesos judiciales de ese momento en la lucha por defender los puestos de trabajo en la naval. Pero la lucha es colectiva y desde abajo, y para que llegue a buen puerto las decisiones deben ser tomadas desde entre tod@s. Así de sencilla es la fórmula para el sindicalismo de clase que necesitamos. Es la voz de dos sindicalistas que llevan décadas defendiendo la dignidad y el derecho al trabajo, pero por su voz habla una generación de personas que pinta canas pero que no se resigna y entiende con claridad perfecta que su papel es continuar la lucha sindical no conciliadora con la patronal y poner las bases para el sindicalismo del futuro, para que la gente joven se implique directamente en la luchas por los asuntos que le afectan y enfrenten las amenazas que les acechan en sus puestos de trabajo y sus condiciones de vida en general.


También realizaron una llamada a extender la solidaridad con los 14 jóvenes de Cangas de Onís, a los "les piden 35 años de cárcel y 65000 euros, unos por manifestarse contra el Fascismo y otros solamente pasaban por allí. Exigimos la absolución de los 14 procesados y el cese del delegado de gobierno Antonio Trevín (PSOE)." (del Comunicado de la Plataforma escontra ka represión y poles llibertaes).
El campamento continúa con los talleres sobre el eje temático del día: la cuestión ecológica, con talleres específicos y una formación central. Y con los talleres permanentes sobre las diferentes luchas más urgentes que embarcan a la juventud: sindicalismo, movimiento estudiantil, migraciones y antirracismo, medios de comunicación, ecología y cambio climático y solidaridad con procesos en América Latina.
25 años de campamento y continuamos la lucha porque sobran las ganas y el tiempo apremia cuando la historia nos muerde la nuca con la extensión de la barbarie capitalista en todos los frentes.


Globalizando la resistencia!

lunes, 28 de julio de 2008

Un jefe de Falange implicado en un ataque ultra

Desde hace tres años, Guadalajara es escenario de agresiones fascistas que quedan impunes. En junio conocidos ultras atacaron dos eventos alternativos, y aunque varios policías presenciaron uno, no intervinieron.
Fuente: Diagonal

En la madrugada del 29 de junio, seis conocidos fascistas irrumpieron con palos en las fiestas populares de Yunquera de Henares (Guadalajara) y atacaron a varias personas. Uno de ellos, Emilio García Esteban, apuñaló a un joven en el cuello. Según varias fuentes, entre los ultras estaba Israel Galve Maldonado, jefe provincial de Falange Española que pasó ocho meses en prisión preventiva por apuñalar a un joven en el bar Chinaski de Guadalajara en febrero de 2005. Las víctimas de la agresión denunciaron los hechos ante la Policía Nacional y la Guardia Civil, que al cierre de esta edición no habían detenido a nadie pese a conocer la identidad de todos los agresores.
Este fue el segundo ataque fascista del mes. El 14 de junio, el Centro Social Okupado y Autogestionado El Nido había convocado una manifestación en Guadalajara con motivo de unas Jornadas en Defensa de la Okupación. Según un activista, “la policía suele estar en el lugar hasta hora y media antes de las manifestaciones. Ese día, cinco minutos antes había diez nazis con bates que agredieron a una chica. Se fueron y apareció la policía”. Luego estaba previsto un concierto en el centro social. “A las nueve de la noche apareció un coche con cinco miembros de la Brigada de Información, conocidos por participar en interrogatorios, registros y cacheos de activistas”. Poco después, “cinco nazis atacaron El Nido disparando bengalas. La gente se asustó”, pero cuando reaccionaron, los ultras “salieron huyendo. Los policías presenciaron la agresión sin hacer nada”. Según fuentes que prefieren mantener el anonimato, “varios de estos policías acudieron a la concentración de apoyo que Falange Española organizó durante el juicio a Israel Galve Maldonado en 2007. Se les vio departiendo en confianza con líderes falangistas”.
El 23 de enero de 2007, Galve Maldonado, entonces en libertad condicional, ya participó en una razzia de una treintena de ultraderechistas contra jóvenes de la ciudad. Cuando éstos huían, fueron intimidados y agredidos por policías nacionales. Uno de los jóvenes, que fue detenido y apaleado en comisaría, interpuso una denuncia que finalmente fue archivada. Varias fuentes denuncian la “complicidad judicial” con los fascistas.
En octubre de 2007, la presidenta de la Audiencia Provincial, Concepción Espejel, y dos juezas más consideraron que el líder falangista no quería matar sino lesionar al joven al que propinó tres puñaladas en el bar Chinaski y le condenó a dos años de cárcel, por lo que no volvió a entrar en prisión. Tampoco aplicaron el agravante ideológico a los implicados porque éstos negaron pertenecer a ningún partido.

No a cuatro días más en el infierno.

La Junta no controla lo que sucede en los centros para menores con transtorno de conducta gestionados en su mayoría por asociaciones y fundaciones que convierten la ayuda al adolescente problemático en un negocio muy lucrativo
Fuente: La haine

Los datos que han transcendido sobre el caso de la joven granadina aún fugada del centro para Menores con Trastorno de Conducta Prado Santa María de Hornachuelos y sobre el que la Junta ahora está negociando su cambio a otro lugar, se semejan más bien a un thriller que a las directrices que deben de primar en un centro de estas características. Según la joven, en una carta escrita de su puño los monitores llegaron a pegarle “dos hostias” en el centro, encerrándola en un celda de dos metros en las que “estuve hasta una semana metida”. La joven, además, denuncia que ha visto maltratar más chicas. Añade en su carta que le daban medicamentos “que me dejaban atontada y me caía de la cama al levantarme por las mañanas”.
No es de extrañar que con semejante relato la chica que se encuentra en un barrio de Granada, en paradero desconocido, asegure que hará cualquier cosa “por no volver allí”. De momento, la Junta ha accedido a su petición, pero ahora le imponen que pase cuatro días por el centro antes de cambiar otro sitio. Algo absurdo y que vulnera sus derechos de la menor, porque no se garantiza su seguridad de la niña con este movimiento y sería una humillación para ella volver allí. Recordar que la denuncia todavía sigue su curso, en ella la joven adjuntó parte médico, por lo que esta medida no tiene ni pies ni cabeza.
Así mismo se da la circunstancia que dicho centro también tuvo otra fuga, el pasado 6 de junio, de otra niña procedente de Palma del Río que ahora está en otro centro en Cádiz tras una queja por parte de la madre de la menor en la que denunció que su hija, embarazada, había estado tres días sin comer. Este caso, junto a otro producido también hace cuatro años en el mismo lugar, encienden la luz de alarma. Lo que tiene que hacer la Junta es investigar y que la joven mientras se vaya a otro sitio, dejando tranquila a la chavala de una vez.
La realidad que se esconde tras este turbulento asunto que ha revelado métodos utilizados presuntamente por el centro que vulneran los derechos de la menor es la ausencia de control directo por parte de la Administración sobre estos lugares. De hecho, la joven ha denunciado que la encerraron una semana en una celda de dos metros, golpes, contusiones o la toma de medicamentos de dudosa recomendación. En este sentido, se da la circunstancia de que por regla general estos centros están siendo gestionados por fundaciones, asociaciones y en definitiva por empresas privadas que a su vez realizan convenios con la Administración para llevar a cabo las tareas de normalizar a estos jóvenes.
Todo ello, con fines supuestamente terapéuticos donde la cura de estos trastornos de conducta se enfoca desde la intervención educativa, incidiendo sobre todo en la formación y el aprendizaje y encauzando al adolescente para una futura insercción laboral. Sin embargo, la otra realidad demuestra que normalmente los trabajadores de estos lugares realizan su labor de forma precaria e incluso muchos de ellos tienen poca experiencia y algunos escasa cualificación en materia educativa sin que la inspección apenas actúe. Se crea una situación perversa en materia de protección de menores porque la Junta está cediendo su responsabilidad a estas entidades privadas que gestionan su negocio buscando la mayor economía.
Estas asociaciones y entidades son en buena medida las que realizan los informes sobre el futuro de estos jóvenes siendo en la mayoría de los casos, aprobados de inmediato por el departamento de menores de la Junta sin un control directo por parte de la Administración. No sólo la gestión de estos centros es autónoma, sino que en base a una especie de confianza general sin una supervisión sobre si lo que se alega en dichos informes corresponde o no a la realidad, con la consiguiente dejación de responsabilidades.
Comtimuamos pidiendo apoyo con el envio de faxes:
Consejeria de Igualdad y Bienestar Social
Tlf.: 955048000
Fax.: 955048234e-mail: correo.cibs@juntadeandalucia.es
Ayuntamiento de Córdoba
Fax.: 957478050
Tlf.: 957499900
Comunicado de denuncia:
Emito este comunicado para mostrar mi repulsa por la gestión de la Junta de Andalucía, y en concreto, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social que preside Micaela Navarro, del caso de las chicas fugadas del centro de menores con problemas de conducta Prado de Santa María, ubicado en Hornachuelos (Córdoba) y perteneciente a la Fundación Arco Iris.
En concreto, me parece moralmente inaceptable que las niñas apresadas haya vuelto a ser internadas en el centro tras haber denunciado malos tratos, probados por el centro médico donde fueron atendidas. Teniendo en cuenta otros casos de denuncia y fugas que dicho centro acumula, así como la existencia en el mismo de unos cubículos de aislamiento (incumpliendo toda normativa legal) y de una clara falta de formación de su personal, se puede explicar bajo qué circunstancias las chicas han ido retirando sus denuncias.
Recordemos que el director del centro, Alfonso Fernández Zamorano, declaró a la prensa que las contusiones que presentaron las niñas fueron ocasionadas al jugar con un educador en la piscina del recinto, mientras que después ha acusado a la persona adulta que acompañó a las niñas a las dependencias de la Guardia Civil de Palma del Río de “inducir” a las niñas a “autolesionarse”, ya que esta persona denunció en su día que su hija había sido maltratada en dicho centro, y en concreto, a pasar tres días sin comer y en aislamiento.
Inaceptable ha sido igualmente la actitud de la Consejera de Igualdad, Micaela Navarro, al no pedir ningún tipo de investigación del centro, no dar ninguna credibilidad al testimonio de las chicas y además, por permitir que las niñas hayan sido devueltas al mismo centro denunciado. Por otra parte, considero despreciable que la Fundación Arco Iris tenga en proyecto poner en marcha dos nuevos centros en la provincia de Córdoba a partir de mayo del 2009, concertados de nuevo con el dinero público de la Junta de Andalucía y financiados por distintas entidades bancarias, como Caja Rural, Cajasur, Cajasol, etc.
Desde aquí se exige por tanto la dimisión de la Consejera por su inmoral e inaceptable actitud y gestión, que las chicas abandonen el centro y el mismo sea cerrado y sometido a investigación, así como la paralización de la puesta en marcha de los nuevos centros en manos de la Fundación Arco Iris.

domingo, 27 de julio de 2008

¿Qué es la Directiva de retorno?

Octavilla sobre la Directiva de la vergüenza y próximos actos y movilizaciones.
Fuente: Kaosenlared
El pasado 18 de junio, el Parlamento europeo aprobó una Directiva para forzar el retorno de los inmigrantes. El Parlamento español convertirá esta Directiva en ley española que desde su aprobación -para lo que tiene un plazo de 2 años- regulará los procedimientos de RETORNO, EXPULSIÓN, PROHIBICIÓN DE REINGRESO E INTERNAMIENTO para aquellos inmigrantes que se encuentren irregularmente territorio español.
¿A QUIENES AFECTA? A los inmigrantes de países que no pertenezcan a la Unión Europea y que no cumplan ó hayan dejado de cumplir las condiciones de estancia ó residencia en España.
¿QUÉ PUEDE HACER EL ESTADO, LA POLICÍA ?
RETORNO: Expedir una decisión de RETORNO para salir del país en un plazo de cuatro semanas, durante las cuales te pueden obligar a presentarte periódicamente ante la policía, depositar dinero como fianza ó retener tus documentos.
EXPULSIÓN: Si la policía advierte riesgo de fuga ó si no cumples voluntariamente el RETORNO, se dictará orden de EXPULSIÓN. La orden de expulsión puede dictarse separada ó juntamente con la decisión de retorno. Lo más probable es que la autoridad policial, para ahorrarse trámites, las dicte juntas.
PROHIBICIÓN DE REINGRESO: Las órdenes de expulsión suponen PROHIBICIÓN DE REINGRESO durante un plazo máximo de cinco años. Las decisiones de retorno podrán contener también esta prohibición.
INTERNAMIENTO: El inmigrante sobre el que recaiga ó pueda recaer una orden de expulsión ó decisión de retorno (ya hemos visto que lo normal es que vayan juntas), podrá ser internado en un centro de internamiento si la policía estima riesgo de fuga. La orden de internamiento la da el juez pero, por razones de urgencia estimada por la policía, la puede dar esta. Es más que probable que este supuesto se convierta en norma. El internamiento debe realizarse en centros especializados. Si no hay estos centros y el Estado utilizará establecimientos penitenciarios.
Qué está haciendo habitualmente la policía?
Está haciendo redadas masivas en barrios de inmigrantes, a las salidas del metro, entrando en locutorios, bares y restaurantes. Luego te lleva a sus instalaciones donde debes esperar en un calabozo, a que te fichen y llegue el abogado de oficio, quien te hará una carta de expulsión, la que caduca a los seis meses (por lo general). En este tiempo la policía no puede encerrarte nuevamente(es importante llevar dicho documento). La otra alternativa es que se te encierre en un CIE, lo cual es improbable, pero posible, y ha sucedido sin mayor causa muchas ocasiones, por que no existe un criterio claro. Luego de esto tienen 40 días para intentar deportarte, plazo que ahora pretenden aumentar a 18 meses
VALORACIÓN.
La interpretación mas lógica de la directiva permite pensar que la intención de los Estados al aprobar la Directiva es establecer un procedimiento único y ágil que incluye RETORNO, EXPULSIÓN, INTERNAMIENTO y PROHIBICIÓNDE REINGRESO. Estamos en presencia de una norma muy represiva que parte de considerar al inmigrante como un peligro para el orden y la seguridad solo por el hecho de ser inmigrante. Las medidas que se están aplicando en Italia, adelantándose a la transposición de la Directiva, así lo demuestran(a un inmigrante que no presente papeles a la policía le cae doble sanción que a un nativo).
MIENTRAS SE TRASPONE LA DIRECTIVA , ¿QUE HACE EL GOBIERNO?
 Prepara una reforma de la Ley de Extranjería mucho más dura que la actual de la que ya se anuncia elevará el período de internamiento de los actuales 40 a 60 días.
 Prepara un plan incentivado de retorno para inmigrantes en paro que renuncien a su permiso de residencia y se comprometan a no intentar volver antes de pasar tres años.
 Pretende restringir la reagrupación familiar de ascendientes y menores entre 16 y 18 años, siendo así que el 80% de los inmigrantes tiene la intención de traer a su familia a España.
 Endurece hasta extremos inhumanos la situación de los inmigrantes presos en los centros de internamiento, tomando represalias contra los que se atreven a denunciar los atropellos de los que son víctimas a manos de la policía como el caso de Guillermo, recientemente deportado a Bolivia, amordazado, maniatado y con camisa de fuerza.
 Acoso-maltrato policial, redadas masivas, encierros en calabozos, multas excesivas a empleadores que reciben “sin papeles”, por tanto negación de trabajo digno. Generar ambiente de crisis para propiciar las expulsiones.
QUÉ PODEMOS HACER?
 Lo primero de todo es informarnos en una organización de inmigrantes, sindicato, asociación de vecinos, o­nG, etc. que conozcamos. En la REDI tenemos a tu disposición un equipo de asesores que podrá ayudarte a conocer mejor los efectos de aplicación de estas normas y lo que se puede hacer al respecto.
 Es muy importante y muy eficaz procurar juntarse con inmigrantes que conozcas y discutir con ellos vuestra situación. Así comprobarás que no estás solo y encontrarás respaldo y apoyo en situaciones difíciles como las que se avecinan.
 Es muy importante desarrollar campañas de información y sensibilización entre la población, tanto inmigrante como nativa. Con los primeros, para evitar el aislamiento que nos hace débiles que es lo que quieren las autoridades. Con los españoles, porque la mayoría de ellos están avergonzados de las medidas que ha apoyado su gobierno y la mayoría de los partidos y solo esperan una ocasión para manifestar su rechazo.
 En la REDI hemos comenzado una campaña contra la que ya se conoce en toda Europa como la Directiva de la Vergüenza con la petición de renuncia a los parlamentarios españoles que aprobaron la Directiva y tenemos la intención de no dejar una sola institución, Gobierno, sindicato, partido político o iglesia a los que pidamos su pronunciamiento y su apoyo. Pero tenemos que contrarrestar los efectos de confusión y desinformación que el Gobierno está movilizando; y solo lo podremos hacer si somos capaces de juntar miles, millones de voluntades solidarias dispuestas a impedir el atropello que significaría la instauración de esta norma.
 Tener claro que inmigrar es un derecho, y así como los pueblos del sur recibieron a millones de inmigrantes Europeos, escapados de la barbarie de sus atroces conflictos bélicos, inmigrantes a los que se les brindó la mejor de las posibilidades, así mismo los pueblos del sur tienen el derecho de inmigrar al norte. Sin contar la deuda histórica del colonialismo y la esclavitud, que ha subsidiado el capitalismo europeo durante más de 500 años.
11-12 y 13 de septiembre de 2008: III FORO SOCIAL MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES en Rivas Vaciamadrid.
14 de septiembre 12:00: MARCHA ESTATAL CONTRA LA DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA Y POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Desde LEGAZPI hasta ATOCHA. (Recordaremos al compañero JUAN CARLOS PALOMINO, militante antifascista que fue asesinado por un militar español)
NO A LA REGRESIVA DIRECTIVA DE RETORNO
TENEMOS DERECHOS A TENER DERECHOS
MIGRAR ES UN DERECHO … ABAJO TODOS LOS MUROS

Explotación laboral a los presos en el C. P. Córdoba

La dirección de la cárcel dice que los sueldos son consensuados. APDHA afirma que trabajan 70 horas semanales y cobran a 0,80 la hora.
Fuente: La haine

Alrededor de medio centenar de internos del centro penitenciario de Alcolea están siendo sometidos a explotación laboral, según denunció ayer Valentín Aguilar, vocal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH).
Los reclusos de los talleres de cocina "trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 8 y cuarto de la tarde"; a los de confección industrial se les paga a destajo hasta un máximo de 150 euros, y los de lavandería están en una situación similar. Ninguno llega al salario mínimo interprofesional, trabajan 70 horas en siete días seguidos y solo descansan al octavo, una situación "casi de esclavitud" que ha hecho a esta asociación acudir al juzgado de lo Social, "que nos ha dado la razón" en dos sentencias.
Aguilar señaló que "la hora sale a 0,80 euros, no les pagan las horas extras y no hay vacaciones", a lo que se suma que "los presos tienen derecho al trabajo pero muy pocos tienen acceso".
La dirección de la cárcel cordobesa ha negado estos extremos y ha subrayado que los sueldos están consensuados y que "en ningún caso se paga a 0,80 la hora". A esto ha añadido que "no todo el mundo quiere ni puede trabajar mientras cumple condena", según Efe.
De otra parte, Esther Muñoz, delegada de APDH, puso de relieve "las condiciones infrahumanas" de los presos derivados al hospital General, y dijo que se han dado casos de reclusos "que han estado esposados de pies y manos" a la cama, un hecho "insostenible en un Estado de derecho".
Según dijo Muñoz, los internos "no tienen derecho al sistema sanitario público, en las cárceles no hay especialistas y tienen que acudir al exterior". El espacio habilitado en el hospital "ha sido remodelado sin planificación y ha tenido consecuencias lamentables", entre otras, que las visitas de familiares "han sido casi imposibles en ocasiones", ya que deben contar con la autorización de comisaría, y no de la dirección del centro penitenciario.
Muñoz explicó que "hemos recibido varias quejas en mayo y junio" e insistió en "los criterios economicistas" a la hora de prestar atención sanitaria a los presidiarios.

Los otros muros de la vergüenza

La nueva Directiva de retorno servirá para intensificar esta tragedia humana, este crimen sistemático y organizado.
Fuente: Izca
Según la información "oficial" occidental, setenta y nueve personas perdieron la vida al intentar atravesar el "muro de Berlin", a lo largo de los veintisiete años que éste estuvo en pie.
Sistemáticamente se acusaba de estas muertes al Régimen Socialista de la RDA (República Democrática Alemana).
Cada vez que ocurría alguna muerte, se lanzaba una tremenda campaña mediática denunciando la naturaleza criminal del comunismo.
En los últimos años, miles y miles de personas han muerto frente a las costas andaluzas y canarias intentando atravesar "el muro" que el capitalismo imperialismo impone a los Pueblos de África. Sólo en las últimas cuarenta y ocho horas han sido cerca de treinta personas, muchas de ellas bebés, las que han perdido la vida al intentar llegar al Estado Español, pero el Sistema se lava las manos como Pilatos, con respecto a esas muertes y las achaca a la irresponsabilidad de los que inician el viaje en busca de una vida mejor o a la acción de las mafias organizadas.
Como si las mafias organizadas no fueran un eslabón más del Sistema capitalista-imperialista, responsable principal del modelo desarrollo desigual entre los territorios metropolitanos y las neocolonias; y por tanto de los movimientos migratorios masivos.
La nueva Directiva de retorno de inmigrantes aprobada en el Parlamento Europeo y apoyada por el PSOE, no es si no un elemento más que servirá para intensificar esta tragedia humana, este crimen sistemático y organizado.
Varios gobiernos de Latinoamérica y África han levantado sus voces contra la brutal normativa europea de retorno, desde esta página web no sumamos una vez más a la denuncia de esa política criminal.
A la caída de la RDA, varios de sus dirigentes fueron juzgados y condenados, aunque no ingresados en prisión, por su teórica responsabilidad en las setenta y nueve muertes del muro de Berlin. Al capitalismo le interesaba montar el "gran teatro" a modo de puntilla al socialismo alemán.
¿Algún día podremos llevar ante un Tribunal Internacional de Derechos Humanos a los responsables de los miles y miles de muertos que ocurren ante nuestros ojos?

sábado, 26 de julio de 2008

¡Acabemos con la tortura!

Fuente: La haine

Ahora que el juez Baltasar Garzón ha ordenado por fin a la Guardia Civil que aplique a los últimos detenidos el protocolo que se comprometió a aplicar en diciembre del 2006 a todas las personas incomunicadas bajo su responsabilidad, es importante hacer un repaso de lo sucedido desde entonces al respecto.
En un principio, dicho protocolo fue tan ineficaz y propagandístico como el adoptado por la Ertzaintza en febrero del 2003, como lo prueba el caso del primer detenido de ETA que Garzón instruyó tras su promesa: a Iker Agirre lo machacaron, y el magistrado permaneció tan impasible como siempre ante su denuncia.
Posteriormente, a partir de julio del 2007, sí que se ha hecho sentir su efecto, pues aunque su aplicación no ha evitado en absoluto los golpes y las graves amenazas, es obvio que los detenidos a quienes se aplica reciben un mejor trato. Eso sí, hasta ahora sólo dos jueces de la Audiencia Nacional, Garzón y Pedraz, han ordenado aplicar el protocolo, mientras que el resto se ha negado a hacerlo, tanto en el caso de la Policía como en el de la Guardia Civil. Sobre todo este último cuerpo ha protagonizado numerosos casos de brutales torturas, siendo especialmente terribles los de Gorka Lupiañez, Igor Portu y Mattin Sarasola.
La dura realidad es, por tanto, que en la mayoría de las ocasiones ni tan siquiera aplican ese mísero protocolo, y además la principal medida anunciada por Garzón en diciembre del 2006, la de filmar a las personas detenidas durante todo el tiempo en que permanecieran incomunicadas, ha caído en saco roto.
En efecto, las autoridades españolas se escudan, tal y como recoge el último informe del Relator para la Tortura de la o­nU, Manfred Nowak, en la increíble excusa de que las Fuerzas de Seguridad, que han atiborrado desde hace muchísimos años todos los espacios públicos con cámaras de vigilancia, no disponen de capacidad técnica para colocar unas pocas en las comisarías y cuarteles donde se incomunica y tortura a tanta gente.
Ésa es la última de una larga serie de impresentables excusas, como la respuesta que dieron hace más de trece años al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), de que las grabaciones audiovisuales eran una muy buena idea pero que «a corto plazo» no podían efectuarlas debido a problemas presupuestarios; o la dada en la sesión de noviembre del 2002 del Comité contra la Tortura de la o­nU (CAT), de que dicha medida se estaba retrasando «porque la querían aplicar realmente bien».
Para su desgracia, las autoridades de la CAV, que también retrasaron cuanto pudieron la adopción de esa medida, no tuvieron otro remedio que anunciar en septiembre del 2005 que iban a adoptarla y, como los Mossos en Catalunya llevan varios años grabando, han quedado en la más absoluta de las evidencias. Por otra parte, desde que la Ertzaintza graba a los detenidos incomunicados no ha habido una sola denuncia contra ellos por torturas en dependencias policiales, y ese dato objetivo se ha venido a añadir a los ya incontables e irrefutables que se acumulan año tras año a favor de dicha medida.
Por eso, no van a poder mantener por mucho tiempo esas increíbles excusas de cara a los prestigiosos organismos internacionales que luchan contra la tortura, y si se sigue incrementando la presión al respecto no tendrán otro remedio que recorrer una senda similar a la recorrida por las autoridades de la CAV que, recordémoslo, tras empezar por aplicar en febrero del 2003 un protocolo que era puro paripé y en absoluto evitó que la Ertzaintza siguiera torturando, un par de años después se vieron obligadas a grabar a los detenidos incomunicados.
En el caso de las autoridades españolas, seguro que nos ha de costar mucho más, pero también es innegable que se dan las condiciones objetivas para obligarles a ello, y aunque intentarán ganar todo el tiempo que puedan, y después harán todo tipo de trampas para evitar un control efectivo de las grabaciones, acabaremos por conseguirlo. ¡Seguro!
Xabier Makazaga es miembro de TAT

Espectáculos en los que te juegas la vida

Fuente: Diagonal

23 de junio de 2006. David Marín, de 22 años de edad, perdía la vida trabajando en el desmontaje del escenario de un concierto organizado por Los 40 Principales en el estadio Vicente Calderón, en Madrid. Una barra de hierro impactaba en su cabeza y tras cinco días en coma falleció.
29 de junio de 2007. Alfredo Peciña, de 28 años, y Benno Goldewijk, de 44, morían tras precipitarse al vacío desde una altura de diez metros. Peciña y Goldewijk estaban desmontando, también en el Calderón, el escenario sobre el que el día anterior habían tocado The Rolling Stones. Estos dos son los ejemplos más dramáticos de accidentes mortales acaecidos en el Estado español en los últimos años, las más graves muestras de la realidad que se esconde tras los macroconciertos en los que los más famosos grupos de música hacen las delicias de su público.
El 21 de junio pasado, en fechas cercanas al aniversario de ambos hechos, las familias de los fallecidos convocaban una concentración en Madrid cuyo lema vinculaba sin pelos en la lengua esas muertes con la estructura económica cuyo último eslabón integraba a Marín, Peciña y Goldewijk : “Acabemos con los accidentes laborales. Capitalistas asesinos”.
Los sindicatos y asociaciones del sector coinciden en señalar varias causas de la siniestralidad en los espectáculos públicos. En primer lugar estaría el alto nivel de subcontratación, lo que complica mucho la coordinación para prevenir riesgos. El caso de las tres víctimas mencionadas es paradigmático : Marín trabajaba para la empresa Pase Producciones, mientras que Peciña y Goldewijk lo hacían para Ofitec. Tanto una como otra son subcontratas de Gamerco, que a su vez había sido subcontratada por Stage Company. La subcontratación tiene como consecuencia la precariedad.
Según indica Santiago Noreña, miembro del sindicato CNT y de la Asociación de Técnicos del Espectáculo de Madrid, “los contratados lo son en su mayoría por un día o dos, y a muchos trabajadores se les dice directamente : ‘O eres autónomo o no trabajas”. Noreña considera que la siniestralidad tiene como raíz la precariedad y que los accidentes laborales se incrementarán en el futuro si continúa la tendencia actual. Una de las muestras más claras son las extensas jornadas con descansos sin regular que muchas veces no cumplen la normativa mínima. “No es casualidad que la mayor parte de los accidentes sucedan de madrugada”, señala Noreña. Y no se debe olvidar que, como en otros sectores laborales, las estadísticas sobre siniestralidad apenas reflejan los accidentes producidos durante el traslado al lugar de trabajo. Éstos se dan en muchas ocasiones al finalizar la extenuante jornada laboral.
Por otra parte, el afán de las contratas y subcontratas por rebajar costes repercute en la escasa formación de las plantillas. Noreña afirma que “las prácticas en el oficio se están perdiendo” ya que las empresas optan por recurrir a trabajadores jóvenes sin experiencia y con menores exigencias. La precariedad se refleja en los sueldos : David Marín ganaba cinco euros a la hora.
La pérdida de ese ‘saber hacer’ tradicional no parece preocupar a la patronal, que presta poca atención a la formación en prevención de riesgos. Un ejemplo reciente fue el macrofestival Rock in Rio, celebrado en Arganda del Rey (Madrid). CNT recogió testimonios de trabajadores que denunciaban que algunas de las Empresas de Trabajo Temporal participantes les exigían firmar una cláusula que indicaba haber recibido la formación necesaria, cuando en realidad las empresas no habían hecho nada al respecto.
Sin convenio
Las asociaciones de trabajadores y trabajadoras del sector señalan así mismo la falta de cualificaciones y categorías profesionales, y la necesidad de equiparar al Estado español con Europa en este sentido, con el fin de asegurar que el personal esté realmente capacitado para el cometido que desempeña. Más relevante todavía es la inexistencia de un convenio para los espectáculos públicos. La falta de convenios en todos los niveles territoriales lleva al desorden en la organización del trabajo y al desamparo para los trabajadores, quienes pueden estar acogidos a un convenio al trabajar en un concierto el lunes y a otro diferente al participar en otro espectáculo tres días después.
El caos llega a tal grado que a menudo el respaldo legal de los montadores de conciertos resulta ser el convenio del metal. Tanto las asociaciones de técnicos (primordialmente organizadas a nivel provincial) como los escasos sindicatos con actividad en el sector se marcan como reto máximo la consecución de un convenio propio.
El objetivo parece lejano, en primer lugar, debido al bajo nivel de asociacionismo existente entre los trabajadores, que encuentra obstáculos en la gran movilidad y disgregación con las que desempeñan su labor.
Sindicatos mayoritarios
En segundo lugar, los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, no muestran excesivo interés por defender un cambio en las condiciones laborales. Incluso les tuvo que recordar su obligación el abuelo de Alfredo Peciña, en una carta pública : “Señores [Cándido] Méndez y [José María] Fidalgo, que sus secretarios o directores de salud laboral sean más discretos en sus declaraciones en la muerte por accidente laboral de un trabajador. Si hay culpables son ustedes por dejadez, su labor no es prejuzgar y condenar ningún accidente, su deber es presionar para el cumplimiento de las leyes laborales vigentes y, si no sirven, cambiarlas”.

jueves, 24 de julio de 2008

Quince neonazis organizan una batalla campal en una zona de ocio de Valladolid

Fuente: Antifeixistes

Una noche calurosa, las terrazas de los bares de La Antigua a reventar,... Nada hacía presagiar que en apenas unos minutos la zona se iba a convertir en un campo de batalla al irrumpir en el idílico panorama un grupo de quince cabezas rapadas, de entre 18 y 25 años, «en busca de un joven» de ideología contraria que «tomaba algo tranquilamente sentado en las escaleras del portal del número 2», entre los bares Rayuela y Las Artes, según informaron los testigos.
Eran las 0.40 horas y la bronca estaba montada después de que los agresores comenzaron a insultar al joven al que buscaban y, «de repente, comenzaran a tirar vasos, sillas, mesas y piedras contra el chaval y la gente que estaba a su alrededor», relata uno de los presentes antes de concretar que los autores vestían con la ropa y llevaban el aspecto tradicional de los 'skinheads' ultraderechistas.
«Las terrazas estaban llenas a esa hora y la gente empezó a salir corriendo» de 'motu propio' o porque los propios atacantes les 'pedían' que se fueran para coger el mobiliario y lanzarlo contra los bares, el portal y la peluquería de la esquina. La situación se volvió muy tensa y algunos de los presentes comenzaron a increpar a unos neonazis que, según los testigos, llegaron a esgrimir cuchillos y navajas de grandes dimensiones.
El lanzamiento de objetos, incluida alguna sombrilla y piedras, fue subiendo de tono y los propios trabajadores de los bares afectados optaron por cerrar las verjas mientras llovían vasos, botellas «y de todo sobre nosotros». Algunos jóvenes sufrieron contusiones leves y uno de ellos acabó en el hospital después de recibir «un botellazo en la cabeza que le fracturó el maxilar superior -herida por la que tendrá que ir al quirófano-».
Decenas de clientes de los bares del entorno llamaron al 112 y la primera patrulla de la Policía Municipal acudió al lugar de los hechos unos minutos después. La llegada de los agentes por la calle Arzobispo Gansásegui fue observaba a tiempo por unos agresores que emprendieron la huida a pie hacia la plaza de la Universidad.
Sospechoso de 19 años
La mayoría lograron escapar salvo tres de los presuntos agresores, que fueron identificados por los policías locales. Uno de ellos, de 19 años e iniciales A. R. S., fue el único detenido por su supuesta implicación en la batalla.
El balance final de la refriega dejó, además del arrestado y los lesionados, más de una veintena de sillas y mesas de las terrazas de los bares Rayuela y Las Artes destrozadas. Los propios empleados de los locales adecentaron enseguida la calle y la zona de copas recuperó la normalidad. Los operarios del Servicio de Limpieza acabaron de retirar ya por la mañana los restos de los cristales.

martes, 22 de julio de 2008

La victimización del verdugo en Madrid

Paralelismos entre el tratamiento mediático Israel-Palestina y fascismo-antifascismo
Fuente: Coordinadora Antifascista de Madrid

A Carlos lo mato un día fatídico. A Carlos lo mató una reyerta entre bandas :: La lógica mediático-represiva que fomenta el temor al "violento social" intenta aislar a los movimientos sociales y demonizar sus métodos históricos de lucha ante el resto de la sociedad.
Durante el franquismo se criminalizaba al "rojo" y al “subversivo” para descalificar sus proyectos de búsqueda de una sociedad justa. Ahora, en una pirueta infernal, a los que se enfrentan a la violencia fascista los medios les criminalizan como "violentos", para deslegitimar las luchas sociales por un igualitario reparto de la riqueza.
Disfrazados de servidores públicos de la comunicación social, los consorcios mediáticos que fiscalizan el control político y social son auxiliares complementarios de la "Justicia" (del sistema) y de las "Fuerzas del Orden" en la tarea represiva, y el sujeto a reprimir ya no es el "subversivo” comunista o anarquista sino el "violento social".
Y puesto que en la estrategia de dominación con elecciones, Gobierno Civil y Parlamento, se supone que ya no hay guerra fría ni "subversivos", ahora la primera trinchera de represión a los que amenazan la estabilidad del sistema se hace con medios de comunicación y manipulación orientadora de la conducta colectiva de la clase media bienpensante y despolitizada.
El argentino Manuel Freytas escribió sobre las técnicas de manipulación en el llamado "conflicto" entre el régimen israelí y los resistentes palestinos y libaneses. Los bombardeos escalonados de Israel sobre poblaciones civiles e infraestructuras de Palestina o Líbano, son para la prensa burguesa la "respuesta de Israel" aquejado por una "escalada de violencia", en la que Israel responde a las agresiones "terroristas" de grupos "fundamentalistas" palestinos o libaneses.
En este texto no pretendemos construir un falso paralelismo entre las características de los citados conflictos de Oriente Medio y las características de la lucha antifascista en Madrid, más bien se trata de analizar a los medios de comunicación como instrumentos de lucha de clases, en este caso al servicio de la represión capitalista. La manipulación se mueve sobre cuatro ejes centrales, ejes que sirven para destacar las similitudes con el tratamiento de la prensa burguesa a la violencia neonazi en Madrid.
1) Cuando los medios informan sobre los muertos y heridos (todos civiles, incluidos niños y mujeres) no los relacionan con la "ofensiva israelí" sino que los atribuyen a la "escalada de violencia", con lo cual diluye la responsabilidad de Israel en los asesinatos de civiles. Israel no mata, mata la "violencia".
En el caso del asesinato de Carlos o cuando hay una agresión ultraderechista, no se atribuye a ninguna "ofensiva neonazi” sino a una “pelea entre bandas”, con lo cual pasa a ser un caso aislado o despolitizado, a pesar de que la impunidad y las agresiones han ido en aumento en los últimos años. Los nazis no matan, matan las “peleas de bandas”.
La Razón: "Desde ese fatídico día de noviembre que acabó con la vida de un chico de 16 años, la Policía ha detenido a alrededor de 30 antifascistas relacionados con actos violentos y se ha incautado de numerosas armas. Los altercados protagonizados por la izquierda radical se han multiplicado de forma espectacular a raíz de ese suceso". A Carlos lo mato un “día fatídico”.
El Correo Digital: "Un joven de 16 años muere en una reyerta entre dos bandas en el metro de Madrid. Detenido un 'skinhead' como presunto autor del apuñalamiento mortal ocurrido en una pelea entre bandas neonazis y antifascistas que causó también 7 heridos." A Carlos lo mató una “reyerta”.
2) No presentan el despliegue militar y la escalada de ataques israelíes como una "invasión militar" sino como un despliegue orientado a "terminar con los ataques terroristas", con lo cual diluye la comprensión del acto ilegal de una invasión militar cometida por el Estado judío. Israel no invade, sólo responde a ataques previos.
Cuando el soldado profesional neonazi acuchilló a Carlos, lo hizo porque "se sintió acorralado" por los jóvenes con estética "radical". Cuando la Delegación de Gobierno prohíbe movilizaciones antifascistas siempre se argumenta que lo que se persigue es “evitar altercados”. Cuando la policía barre a porrazos una manifestación antifascista se subraya que previamente “los jóvenes radicales arrojaron botellas y objetos”, con lo cual se diluye la realidad de fondo: se está permitiendo la actividad neonazi y la difusión de ideas xenófobas mientras se reprime a quienes las combaten. Pero al parecer la policía no reprime, sólo responde a ataques previos. Los soldados profesionales no asesinan, reaccionan ante posibles ataques.
El País: En un artículo titulado "El Tribunal Superior autoriza la marcha racista", habla de "Carlos Javier Palomino, de 16 años, en noviembre, cuando se dirigía a reventar una manifestación de DN en contra de la inmigración convocada en Usera. El joven murió acuchillado en un vagón del metro, en la estación de Legazpi, a un kilómetro y medio de donde se celebraba la marcha, apuñalado presuntamente por un ultraderechista." Carlos iba a "reventar" una manifestación autorizada. El soldado profesional "presuntamente" lo apuñaló.
El País: "'Eran muchos y me llamaban nazi', dice el supuesto asesino del menor". En ese caso es “natural” que se defienda.
Telecinco: "El acusado estaba sólo y se vio acorralado por el grupo de redskins. Su reacción fue inmediata, sacó la navaja para defenderse”. Nuevamente se justifica el asesinato, a pesar de que el vídeo del metro muestra cómo el asesino neonazi preparó su cuchillo incluso antes de que el vagón se detuviera e hizo uso de él antes de que tuviera lugar “provocación” alguna.
3) Cuando informan sobre las acciones de la resistencia palestina o libanesa, no las presentan como combates de la resistencia contra las tropas invasoras de Israel, sino como "ataques", o "actos terroristas", contra poblaciones civiles de Israel. Conclusión: Cuando Israel ataca, invade y mata, "responde al terrorismo", y cuando la resistencia se defiende, ejecuta "ataques terroristas" contra civiles israelíes. El invasor pasa a ser el "bueno" y el invadido "el malo".
Cuando los medios informan de un acto de autodefensa contra las agresiones de grupos de ultraderecha, nunca será “en respuesta” a la escalada de acciones violentas previas, sino que será calificado como “oleada de violencia ultra” en un marco de “tensión entre jóvenes skinheads madrileños de tendencia extremista”. Cuando la policía carga violentamente contra manifestantes para permitir una actividad neonazi y se producen enfrentamientos, entonces los activistas son calificados de “radicales” y “exaltados”. La policía nunca “ataca”, sólo “mantiene el orden y la legalidad vigente” (y protege a la propiedad privada).
La Razón: "Los antifascistas buscan un muerto. La Brigada de Información de la Policía está en máxima alerta ante la oleada de violencia ultra." "Su otro frente abierto es más preocupante. Dar palizas a pequeños grupos o jóvenes solitarios con aspecto o ideología nazi". Como vemos, se transmite que por el “sólo” hecho de tener aspecto nazi, se arriesgan a sufrir la “violencia antifascista”.
El Mundo sobre el soldado profesional: "«Nunca llama la atención», «es muy reservado y correcto», «el típico chico normal del que no se sabe demasiado»". "Los reclutas más jóvenes sí expresaban cierto temor por posibles respuestas de «los redskins» hacia el estamento militar: «Se ha corrido la voz por el cuartel de que nos van a intentar hacer daño de alguna manera, e incluso hay quien piensa que se podrían plantar aquí a intentar atacarnos»". El asesino de Carlos era “un buen chico” y los militares estaban atemorizados por un posible ataque antifascista a los cuarteles.
EFE: "Además de los enfrentamientos registrados en los vagones, la Policía detuvo a otros cuatro jóvenes, tres de ellos menores, cuando se dirigían en «actitud hostil» con «palos y piedras y lanzaban botellas y cócteles molotov» hacia la Glorieta de Cádiz, punto donde concluía el recorrido de la manifestación" de Democracia Nacional. Los fascistas se manifiestan legalmente, los antifascistas son hostiles y lanzan cócteles molotov.
4) En términos bélicos, la prensa burguesa presenta el "conflicto" (no la invasión) como un "enfrentamiento" entre el ejército de Israel y las organizaciones de la resistencia. Omite el siguiente detalle: Israel es una superpotencia militar, con un ejército disciplinado, dotado de armamento y logística de última generación. La resistencia es sólo una fuerza de guerrilla compuesta por militantes, con casi nada de logística y sólo armada con fusiles livianos y cohetes de alcance reducido, de fabricación doméstica y precaria.
La prensa calificó el asesinato de Carlos como una “pelea de bandas”, no como un escalón en la actividad terrorista de la ultraderecha. Mientras se habla de “bandas”, se desvirtúa que el asesino de Carlos, como muchos otros agresores fascistas, había sido entrenado en el ejército español. Se disimula siempre que sea posible, el hecho de que no ha habido depuración alguna después de la Transición y por tanto las Fuerzas de Seguridad del Estado son herederas del régimen franquista; es decir, hay conexiones con los neonazis, políticas, ideológicas, económicas, familiares. Por si fuera poco, además de la cobertura mediática cuentan con la policía que los defiende o hace la vista gorda y con el sistema judicial y las multas para disuadir a los que protestan. Mientras tanto, la juventud antifascista es obrera, sin más espacios de autoorganización que algunos locales y centros sociales okupados y sin ningún tipo de “respaldo institucional”.
20minutos: "Disturbios y cargas contra manifestantes extremistas de izquierda en la Gran Vía. Destrozos de mobiliario, cristales y coches ha sido el resultado." "Por su parte, la manifestación de las Juventudes del partido ultraderechista Democracia Nacional, que desde las 12:00 horas del domingo marchó entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol bajo el lema 'Vivienda Social, Prioridad Nacional. Ningún español sin casa', transcurrió sin incidentes." Los manifestantes extremistas de izquierda destrozan el mobiliario "de todos" y se enfrentan a las fuerzas del orden. La manifestación de las Juventudes del partido ultraderechista Democracia Nacional, de los amigos del asesino de Carlos, reclama vivienda social y transcurre sin incidentes.
ABC, febrero 2007: "El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado chalecos antibala y más medios de autoprotección para los efectivos que se desplacen a reforzar la seguridad en Alcorcón, donde desde hace una semana se han incrementado las fuerzas del Estado en prevención de nuevas reyertas." Precaución muy necesaria ante la posibilidad cierta de que la asamblea antirracista y por la convivencia pacífica de Alcorcón utilice armas y fuego real.
Libertad Digital: "Un sitio web de cobertura al gamberrismo fanático, La Haine, sirve de portavoz a estas agresiones, perpetradas para recordar el asesinato, hace cinco meses, de Carlos Javier Palomino, un joven de 16 años que fue apuñalado tras una manifestación celebradas por grupos ultras de derechas." Antifascismo = gamberrismo fanático; fascismo = grupos ultras de derechas.
Para la prensa madrileña los nazis no son “ultras” por las ideas que defiende ni por sus métodos cotidianos, sólo lo son cuando se pasan de la raya o cuando interesa poner al mismo nivel su actividad con la de colectivos antifascistas. Cuando los medios hablan de "enfrentamiento" entre fascistas y antifascistas, o de "guerra" entre Israel y los resistentes, lo que hace es poner a la pulga y al elefante en un mismo nivel, eliminando las fronteras entre la víctima y el victimario.
Madrid, 21 de julio de 2008
COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MADRID

domingo, 20 de julio de 2008

Mi libertad aumenta donde empieza la tuya

El burgués afirma: "mi libertad acaba donde empieza la tuya".
Se podria traducir como: "mi libertad acaba cuando te hago daño. Pese a todo, tengo libertad para decidir, si te agredo o no. Mi agresión, depende de mi decisión. Mi agresión, depende de mi libertad."
Según esta máxima tan extendida, los burgueses aceptan la capacidad de agresión como una parte de la libertad... como una parte corrupta y asquerosa de la libertad, eso sí. Afirman al libertinaje como forma de libertad, aunque la censuran (a veces).
Quiza está sea la razón de su forma de ser. Si su libertinaje forma parte de su libertad, es lógico, en la mente del burgués, que el enfrentamiento forme parte de su realidad cotidiana... y por lo tanto, es lógico, que existan las guerras, las torturas, la represión.

Yo respondo (y muchos antes lo hicieron antes que yo): "mi libertad aumenta donde empieza la tuya".
Yo no creo que, tener capacidad de agresión, forme parte de la libertad del individuo. La agresión, cuando no queda mas remedio, no es una respuesta libre de la persona... no hay otra salida. Hacer daño, por hacer daño, es de enfermos, no de personas libres. Me atrevo a afirmar, que los seres libres, con capacidad de elección, nunca utilizan la violencia. La libertad es otra cosa.

El burgués se revuelve: "los ácratas también habeis usado la violencia... y la usareis. Desde Angiolillo, hasta Morral, pasando por Unabomber... habeis usado la violencia, en nombre de la libertad".

Yo no creo en la violencia. Vosotros habeis creado el estado, la represión, los ejércitos, las cárceles, las torturas,... por un afán loco de ordenarlo todo, por una afición desmesurada por acabar con la individualidad... vosotros habeis forjado este mundo tan vomitivo. A los que usan la violencia, les ha tocado vivir en él. Ellos no han tenido libertad para decidir.

(Sevilla): Desalojo de un nuevo corral de artesanos en Sevilla

Fuente: Grupo de Acción Social

El corralón de artesanos de la calle Castelar, en el centro de Sevilla, será vaciado por la empresa propietaria del inmueble donde desarrollan sus actividades. Este desalojo, es un paso más en el exterminio de las actividades tradicionales en el casco histórico de la ciudad.

El corralón está compuesto por diferentes talleres artesanales que se encuentran en la zona desde hace más de un siglo, siendo uno de los pocos que permanecen en el centro de la ciudad y que no ha sido recluido a las afueras.

Los once talleres se instalaban en una nave alquilada, aunque la empresa propietaria, Garajes Santa Inés, no tiene intención de renovar el contrato, con lo que tendrían que marcharse. Esta situación está siendo denunciada por la Plataforma de Artesanxs del Casco Antiguo (P.A.C.A.), aunque las administraciones locales y andaluzas no hacen nada por impedir que se segregue de esta forma la actividad artesana len Sevilla.

En este sentido, la P.A.C.A. ralentizó el proceso de derribo y acoso a los talleres de artesanos por parte de los intereses especulativos; sin embargo, el PGOU ha calificado esos terrenos como de uso residencial, negando todo su valor tradicional.

Este desalojo viene en la trayectoria de otros desalojos sistemáticos de corrales de artesanos o talleres en el casco histórico de Sevilla. De este modo, éstos se van desplazando a la periferia de la ciudad, convirtiendo esos terrenos en pasto para los especuladores y constructores. En noviembre del año pasado, la P.A.C.A. denunció el desalojo del corralón de artesanos de la calle Bustos Tavera, 26; éste ocurrió al no renovar el contrato de alquiler a medida que iban caducando, terminando por echar a todos los inquilinos. Tanto los artesanos, como sus alumnos, que suman casi una centena de personas y profesionales, fueron expulsados, a los que se suman los vaciados anteriores en calles como el Pasaje Mallol, 13 ó San Luís, 70. Éste último, con intervención policial y total derribo del inmueble, por parte de un organismo del Ayuntamiento: EMVISESA.

Estas acciones chocan frontalmente con la política que tanto la Junta como el Ayuntamiento pretendían defender, la de trabajar en pro de la pervivencia de estos espacios y el apoyo de su actividad artesanal. Precisamente, la ocupación de la Fábrica de Sombreros tiene esta reivindicación, ya que se usa como lugar de reunión de artesanos, y fue ocupado por ellos mismos para realizar sus actividades en el casco histórico, lugar donde, históricamente, se han realizado sus actividades.

sábado, 19 de julio de 2008

Necesidad de la revolución

En este mes de julio se cumplen ya 72 años del inicio de la más amplia y profunda transformación social revolucionaria realizada en la historia de la humanidad.
Secretariado Permanente del Comité Nacional de la CNT
Los trabajadores españoles – con la CNT y el movimiento libertario en primera fila- se echaron a la calle para oponerse al levantamiento militar, que contaba con el apoyo de los empresarios, la Banca, los terratenientes, la Iglesia Católica, las organizaciones fascistas, los monarquicos de todos los pelajes y el conjunto de elementos reaccionarios del país. En todos los lugares donde el pueblo venció a los sublevados, los anarquistas y los anarcosindicalistas se dedicaron, inmediatamente, a la puesta en práctica de los acuerdos del Congreso de Zaragoza celebrado muy poco antes, en un ambiente de enorme entusiasmo popular.
Los avatares posteriores, y el comienzo de una guerra que duraría casi tres años, dieron al traste con aquel gran experimento de transformación social, que fue amplísimo porque, precisamente, lo llevaron a cabo los libertarios; era la primera vez que – como dijera Emma Goldman- los anarquistas realizaban una revolución total, pues si bien es cierto que se contaba con el precedente de la Revolución encabezada en Ucrania por Nestor Makno, esta fue llevada a cabo casi en exclusiva por campesinos, mientras que en España se realizaron innumerables colectivizaciones en los tres sectores productivos: desde la agricultura o la ganaderia hasta la sanidad o el transporte, pasando por todas las facetas de la actividad industrial.
Aunque, como deciamos, aquella gran epopeya de los trabajadores españoles se fue a pique (y no sólo por la acción del enemigo fascista, sino también – no hay que olvidarlo- por la labor desmoralizante y contrarrevolucionario de los esbirros de Stalin organizados en el Partido Comunista de España), lo cierto es que aquellas experiencias han de ser aprovechadas con vistas al futuro. Si en aquellos momentos era necesaria la Revolución Social (y lo era, aunque su estallido se adelantó porque hubo que hacer frente al levantamiento fascista), hoy lo sigue siendo, tanto o más. En lo esencial, nada ha cambiado, puesto que la explotación económica y la dominación politíca (dos caras de una misma moneda) siguen perfectamente vigentes, ya que continua la división en clases sociales con la que los compañeros de 1936 querían acabar.
Además, los cambios que se han producido han sido cambios a peor; el propio capitalismo ha adoptado la forma del llamado neoliberalismo, que ya no es aquel liberalismo manchesteriano del siglo XIX en el que el Estado se mantenía, al menos aparentemente, al margen del enfrentamiento entre clases, sino que en esta época la burguesía ha conquistado el aparato del Estado, se haadueñado de él descaradamente, y lo ha puesto a su servicio y en perjucio – no podía ser de otra manera- de los trabajadores.
Si nos paramos a pensar, siquiera un momento, en toda la legislación que está emanando últimamente de ese engendro llamado Unión Europea, llegaremos a la conclusión de que, efectivamente, cuando algo cambia es siempre a peor. No podemos pensar otra cosa cuando vemos que el Parlamento Europeo aprueba por amplísima mayoría la Directiva sobre Inmigración, quepermite – entre otras muchas tropelías- el encarcelamiento (cualquier otra denominación es un eufemismo) de un trabajador inmigrante hasta 18 meses, mientras se tramita su expulsión; o la expulsión, por citar sólo otro ejemplo, de los menore no acompañados. Y esta Directiva es sólo el inicio de la puesta en práctica de todo un plan de medidas restrictivas y represivas, ya esbozado por Franco Frattini (actual ministro del gobierno Berlusconi, y no por casualidad) en sus tiempos, aún recientes de Comisario de Interior de la UE. Está claro que ser pobre es un delito; y el ser extranjero se convierte en agravante de dicho delito.
¿Y que decir de esa Directiva sobre la jornada semanal máxima de hasta 65 horas? ¿Las han trabajado alguna semana los que la han redactado?. Muchos no las habrán trabajado en toda su vida de parásitos. Esto es, claramente, la vuelta a la esclavitud más descarnada; sólo tendremos tiempo para trabajar, dormir y comer lo justo para reponer las energías necesarias para seguirtrabajando y produciendo para los amos. Y es que al precio que se están poniendo los alimentos – y cualquier otra cosa- no tendremos más remedio que rebajar la cantidad y calidad de lo que comamos, con sus consecuencias sobre la salud y la esperanza de vida.
¿Y qué decir de la subida del precio de los derivados del petróleo? . Todo se achaca a la invasión de Irak (iniciada, es cierto, para hacer grandes negocios con el oro negro; pero nunca se resalta que tres cuartas partes del precio del combustible se lo lleva Hacienda en impuestos; que reduzcan esos impuestos – mejor aún, que los eliminen- y los precios de los portes (y, por lo tanto, de todos los artículos) podrán tener una bajada impresionante. Pero, claro, estamos pensando en una sociedad bien organizado, racional y guiada por la lógica, lo que no tiene el más remoto parecido con la sociedad en la que vivimos, a la que nos presentan como un ejemplo de orden, cuando es la más evidente representación del caos mayor que podría imaginarse, en el supuesto de que en el caos haya grados.
Una cosa parece cada vez más clara: Capitalismo y Democracia son incompatibles. Y nos referimos a la democracia burguesa; no digamos ya si pensamos en la verdadera democracia, que es la democracia directa de las asambleas obreras y populares.
Como deciamos, si la revolución social era necesaria en 1936, lo que sigue siendo ahora mismo, y los enemigos de clase están tensando tanto la cuerda que la acabaran haciendo inevitable. O acabamos con el Sistema o el Sistema acabara con nosotros.

Represión contra las denuncias en los Centros de internamientos de extranjeros (Cies)

Ciudadano boliviano que había denunciado las condiciones del Centro de Internamiento de Aluche (CIE) es deportado tras un inédito operativo policial.
G. M. E., que había permanecido interno en el CIE de Aluche durante los meses de febrero y marzo, ha sido deportado tras un procedimiento cuyas particularidades permiten sospechar de una posible represalia por las denuncias que llevó a cabo ante los medios de comunicación.

Fuente: Nodo50

Este ciudadano boliviano había sido detenido en el mes de febrero y trasladado al CIE por encontrarse en situación irregular en nuestro país. Previamente diagnosticado de tuberculosis, enfermedad para la cual estaba realizando un tratamiento, al momento de su detención declaró ante la juez y los policías allí presentes ser portador de esta enfermedad infectocontagiosa.
Sin embargo, fue recluido en el CIE sin emprender, el personal médico y de vigilancia del CIE, las medidas necesarias para atender su enfermedad, compartiendo celda y espacios comunes con el resto de personas internas, con el consecuente riesgo para su salud y de contagio de la enfermedad.
La preocupación e insistencia de algunos amigos del enfermo lograron que se valorase su situación, lo que conllevó a su aislamiento en una celda que no cumplía ninguna de las condiciones básicas de higiene y salubridad (entre otras no contaba con servicios higiénicos), llegando el afectado a tener que realizar sus necesidades fisiológicas en el interior de la misma por falta de asistencia. Posteriores demandas posibilitaron que fuera trasladado a un hospital en el que bajo custodia policial, terminó de cumplir el internamiento de 40 días, el máximo estipulado legalmente en España.
Oportunamente M. denunció ante varios medios de comunicación nacionales e internacionales el trato que le habían dado en el CIE, y tras recibir el alta médica hizo varios intentos (casi siempre acompañado de testigos), de entrevistarse con el Director del Centro con el fin de recuperar su pasaporte y otros objetos personales que habían quedado custodiados en el mismo durante su estancia hospitalaria. En ninguna ocasión fue recibido.
El día 1 de julio una llamada del jefe de seguridad del Centro instándolo a acudir de urgencia para retirar dichos objetos, lo obligó a concurrir a esas dependencias, ocasión en la que logró recuperar su pasaporte y un bolso deportivo, pero no así el resto de elementos (llaves, móvil y una mochila con ropa). Además, según palabras de un periodista que lo acompañó aquella tarde, el jefe de seguridad tuvo la ocasión de comentarle lo poco que le habían gustado sus comentarios ante la prensa, acusándole de mentir.
Una hora después de abandonar el Centro, el joven boliviano recibe una nueva llamada desde el mismo número pidiéndole que se persone de forma urgente para retirar el resto de sus pertenencias, pero ésta segunda vez no pudo llegar a su destino. Poco antes de las 22 horas, cuando iba rumbo al CIE otra vez acompañado por este periodista, cinco policías de paisano le esperaban a la salida del Metro de Aluche, donde era detenido, pasando la noche en comisaría y siendo deportado a las 10 de la mañana del 2 julio. Su abogado no tuvo la posibilidad de asistirle por la inédita y sorprendente rapidez de la ejecución de la devolución.
M. ha podido referir desde Bolivia que fue deportado como un animal, con mordazas, correas de seguridad en muñecas, tobillos, rodillas y muslos, además de una especie de “chaleco de fuerza”. “Me subieron como una bolsa de patatas y amenazándome con que si gritaba me pondrían una capucha negra de tela en la cabeza” detalló.
Esta deportación no es una más. Se ha expulsado a un testigo que fue clave en las denuncias contra los Centros de Internamiento en España y en particular el de Aluche, y que aún estaba en tratamiento de recuperación de la delicada enfermedad, bajo la supervisión de Salud Publica.
Por ello desde las organizaciones que hemos acompañado el proceso de recuperación de su estado de Salud hasta la misma expulsión, queremos transmitir la disposición de G. M. a contar su historia, a decirnos que algo está pasando con los derechos humanos en nuestro país, a contar la verdad de un hombre cuyo derechos más elementales han sido avasallados por las prácticas de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros en Europa, y en particular de España.
Comisión CIEs del Ferrocarril Clandestino

El Gobierno español niega las escuchas a GARA a través de una breve nota oficial

La denuncia de escuchas telefónicas en la redacción de GARA en Iruñea publicada ayer provocó diversas reacciones políticas. La más contundente fue la de Eusko Alkartasuna, que anunció que llevará el caso al Parlamento Europeo y que impulsará todos los trámites necesarios para que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca con urgencia ante el Congreso. También ELA y NaBai denunciaron el caso, y el PNV exigió explicaciones.
Fuente: Gara

GASTEIZ-. Diversos partidos y sindicatos criticaron ayer las escuchas descubiertas en la redacción de GARA en Iruñea. Dirigentes de PNV, EA, NaBai y el sindicato ELA denunciaron la gravedad del caso y la necesidad de una investigación y explicaciones.
En nuestra edición de ayer hacíamos público que gestiones realizadas ante Telefónica para trasladar la ubicación de una línea en Iruñea había provocado que se conociera que los números de teléfono de este diario en Nafarroa tenían dos direcciones de propiedad para la compañía. Una, como es evidente, la de GARA. La otra, como resulta hartamente sospechoso, la de la Jefatura de Policía en la capital navarra.
Este hecho invita a pensar que las llamadas a la redacción del diario eran desviadas, rebotadas o duplicadas hacia la sede policial. Por ello, Baigorri Argitaletxea, empresa editora de este diario, ha interpuesto la correspondiente denuncia en los Juzgados de Iruñea.
EA: "A las instituciones"
Una vez tenido conocimiento de estos hechos, Eusko Alkartasuna anunció que llevara el caso a las instituciones comunitarias y al Parlamento Europeo, al tiempo que intentará que el ministro del Interior responda en el Congreso de los Diputados.
El secretario de comunicación de EA y europarlamentario Mikel Irujo considera que ese caso ha dejado en evidencia a las FSE, al Ministerio del Interior y al conjunto del Gobierno español. Según sus palabras, "estamos ante un caso flagrante de espionaje que está tipificado como delito en el Código Penal y que supone además un grave atentado contra un derecho fundamental en cualquier Estado de Derecho, como es la libertad de prensa y comunicación, lo cual lo hace, si cabe, más repudiable aún. El Estado español ha puesto así de manifiesto sus importantes carencias democráticas".
Desde EA recuerdan que este no es el primer caso de espionaje conocido en Euskal Herria y añade que también este propio partido ha sido víctima de escuchas ilegales. En este sentido, Irujo denunció "la absoluta impunidad de la que disfrutan los aparatos policiales que operan en las cloacas del Estado".
A la vista de la gravedad de los hechos, EA anunció que "impulsará todos los trámites necesarios para que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca con urgencia ante el Congreso a fin de explicar todo lo relativo a estas escuchas telefónicas y asumir las responsabilidades a que hubiera lugar por la vulneración de derechos fundamentales en democracia".
Asimismo, en su calidad de eurodiputado, Mikel Irujo trasladará este caso a instancias comunitarias y llevará al Parlamento Europeo la denuncia de vulneración de derechos fundamentales.
Al hilo de lo ocurrido en la redacción de GARA en Iruñea, EA recuerda que presentó hace un mes el informe "La libertad de prensa en Euskal Herria" y abogó por crear un observatorio formado por representantes políticos y profesionales de los medios de comunicación a fin de analizar la situación en que los diferentes medios llevan a cabo su labor y elaborar informes periódicos al respecto.
Olabarria pide explicaciones
Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el diputado del PNV Emilio Olabarria declaró a este diario que "estamos ante un supuesto de escuchas ilegales y el tema necesita ser investigado y además con perentoriedad". En su opinión, deben darse explicaciones públicas, tanto si las escuchas son ilegales como si estuvieran autorizadas.
Olabarria, que es jurista y en su día ocupó un puesto en el Consejo General del Poder Judicial, recuerda que "el Estado de Derecho se ajusta al principio de legalidad y si las escuchas fueran ilegales se está incumpliendo la legalidad y procede una investigación inmediata. Y si por alguna causa fueran legales y estuvieran en el marco de una investigación autorizada por la Administración de Justicia u algún órgano judicial, también se debiera explicar públicamente lo que ocurre, dado que ha habido ya un conocimiento público de que existían esas escuchas. O sea, que una u otra cosa se tiene que hacer".
A su entender, "lo que no cabe es la situación de silencio ante un hecho que es grave no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también desde la perspectiva democrática. Lo que procede es que los responsables de las escuchas y su responsable político proporcionen las oportunas explicaciones sobre la legalidad o ilegalidad de las escuchas". Y si son ilegales, deberían producirse las correspondientes consecuencias judiciales y administrativas.
NaBai: "Falta de respeto"
El portavoz de Nafarroa Bai en el Parlamento, Maiorga Ramírez, pidió a la Delegación del Gobierno en Nafarroa el esclarecimiento de estos hechos.
A su entender, "todo apunta a que se ha cometido una violación fundamental al derecho a la intimidad y al desarrollo de la actividad periodística" y por ello, según precisó en un comunicado de prensa, NaBai "exige" a la Delegación del Gobierno español "el urgente esclarecimiento y en su caso la asunción de responsabilidades respecto a la actuación de las fuerzas de Seguridad del Estado".
El portavoz de la coalición añade que de ser cierto el caso "afectaría directamente a la libertad de expresión" y, por lo tanto, "no sería justificable de ninguna forma esta profunda falta de respeto tanto a la labor periodística en sí misma, como a la confidencialidad. Maiorga Ramírez afirma que "todo apunta a que la Policía habría actuado vulnerando la legalidad", y cuestiones así "deben ser esclarecidas para que el Estado de Derecho pueda tener la credibilidad que debe".
ELA: "Inaceptable"
El sindicato ELA hizo también público un comunicado en el que señala que lo ocurrido es "del todo inaceptable» y se sitúa «fuera de la más mínima concepción democrática y conlleva la violación de la protección del derecho al secreto de las comunicaciones".
Denuncia que "estas actuaciones vuelven a poner de manifiesto la falta de garantías en los procedimientos que se actúan por parte de los poderes del Estado, prácticas claramente ilegales y que persiguen la criminalización de otro medio de comunicación vasco".
Exige que se aclaren los hechos y se tomen medidas.
La Dirección General de la Policía necesitó todo el día para negarlo todo
La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil necesitó todo el día para hacer pública una nota de cuatro líneas en la que "niega rotundamente que se hayan producido escuchas policiales al diario GARA".
Conocer la versión oficial llevó ayer mucho tiempo. Desde GARA lo intentamos al mediodía, poniéndonos en contacto con la máxima autoridad en el campo policial en este herrialde, la Delegación del Gobierno español en Nafarroa. Tras un primer intento infructuoso al no encontrarse la responsable de prensa en la oficina, dejamos nuestro teléfono para tratar de obtener la información requerida. No tardamos mucho en recibir la llamada de la Delegación, donde muy amablemente nos indicaron que el Ministerio del Interior tenía la intención de hacer pública una nota sobre el tema, a la que ellos se remitían para cualquier explicación.
Pero pasaban las horas y el comunicado no se hacía público. Cuando ya caía la tarde, algunos medios se impacientaron y llamaron al Ministerio, donde les anunciaron que estaría de un momento a otro. Pero el reloj siguió corriendo.
Fue alrededor de las nueve de la noche cuando se conoció la existencia de una nota en la web de la Policía en la que se afirma que "ante las noticias aparecidas en el diario GARA, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil niega rotundamente que se haya producido ningún tipo de escucha policial a este diario, tal y como publica este periódico en su edición de hoy".
En un segundo párrafo, igualmente escueto, reitera que "en ningún caso, las llamadas que el citado diario recibe en su delegación de Pamplona han sido desviadas o rebotadas a la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Navarra, como manifiesta el diario".
Cabe recordar que la empresa editora de este diario ha interpuesto una denuncia con el fin de que las autoridades judiciales reclamen tanto a la compañía Telefónica como a la Jefatura de Policía los datos que tengan sobre el caso.

viernes, 18 de julio de 2008

Migración: Cuando lo inhumano es "políticamente correcto".

Fuente: CNT-AIT

A raíz de los últimos sucesos ocurridos en el Estrecho y en Canarias, la dimensión más trágica de la inmigración se ha convertido de nuevo en noticia de primera plana. Las fotografías de cadáveres en el fondo de un cayuco, así como los escalofriantes relatos de los supervivientes sobre las terribles experiencias vividas en las travesías, durante las cuales hubieron de arrojar al mar los cadáveres de los fallecidos, entre los que se encontraban bebés y niños de corta edad, han traído a las portadas de periódicos e informativos el lado humano y social de la inmigración, lo cual ha hecho que pasara desapercibida la vergüenza del hecho político protagonizado por España y Marruecos.
Al mismo tiempo que morían decenas de personas, el gobierno español felicitaba a Marruecos por cumplir tan bien en materia de control de la inmigración "ilegal". Un gobierno que se dice democrático daba su aprobación, con el beneplácito del resto de gobiernos europeos, a la dictadura alauita sobre cómo había logrado el "control" de las rutas de paso de quienes quieren llegar a la opulenta Europa desde la explotada África. Y por todos es sabido que los métodos de control marroquíes se basan en la violencia policial y represiva. Los golpes, las vejaciones, el transporte y abandono de migrantes en zonas desérticas, el encarcelamiento, la extorsión, son las formas que Marruecos tiene de cumplir sus compromisos con Europa endureciendo aún más la ya de por sí difícil situación de quienes quieren cruzar el territorio marroquí hacia los puntos de partida de pateras y cayucos.
La opacidad informativa de los regímenes dictatoriales norteafricanos, léase Libia, Argelia y Marruecos, suponen que se desconozca la realidad exacta de las cifras de muertos y encarcelados en la travesía terrestre previa a la marítima, de la cual si tenemos una mayor información por el trabajo de diversas organizaciones de ayuda humanitaria, así como de medios periodísticos, los cuales hablan de miles de personas muertas cada año, e igualmente de otros miles, sobre todo subsaharianos, ocultos en zonas próximas a la costa para intentar dar el salto a las penínsulas ibérica e italiana, a las islas mediterráneas o a las Islas Canarias, todos ellos subsistiendo en condiciones infrahumanas que merman sus posibilidades de resistir físicamente una navegación que los controles militares y policiales no han eliminado, sino que las han hecho más penosas por más arriesgadas y más largas.
Apoyar a gobiernos que no respetan lo más mínimo los derechos humanos, encarcelar a los migrantes por el simple hecho de serlo, expulsarlos a la nada, perseguirlos, acosarlos, blindar las fronteras con vallas, radares, aviones, barcos y armas, no son soluciones válidas ni desde luego humanas. El comercio justo, el reparto de la riqueza, la devolución de lo robado a los africanos tras siglos de colonialismo europeo mediante inversiones reales en desarrollo y no en caridad o sobornos, el cese del saqueo de las materias primas de África por parte de las empresas europeas y norteamericanas, así como la retirada del apoyo a gobiernos como el de Marruecos que no respetan los derechos humanos básicos no son soluciones "políticamente correctas", por lo que no cabe duda que su aplicación tendría efectos mucho más beneficiosos para el conjunto de la Humanidad que las puestas en marcha por países "políticamente correctos" como Marruecos, Italia o España.

Zaragoza: Apología del fascismo a través del boxeo y las artes marciales

Fuente: Coordinadora Antifascista de Zaragoza

Los grupos neonazis de Zaragoza están tratando de crecer y captar gente a traves de los combates de boxeo y artes marciales.
Sacan pancartas, meten su propaganda, hacen el saludo fascista y gritan consignas nazis en veladas de boxeo en Monzalbarba, Cuarte y parece que ocurrió algo también en Ateca. Púgiles con grandes esvásticas tatuadas en el pecho o en los brazos participan. Son conocidos nazis de Zaragoza, algunos con antecedentes. Por ello diferentes personas del mundo del boxeo están escribiendo a la Federación Española de Boxeo para que vigile el tema pues no pueden tener licencia para participar en combates quien tiene antecedentes por agresiones, además que impida la proliferación de propaganda y parafernalia neonazi en este deporte, como se hace o se debería hacer en el fútbol.
Lo más grave está por llegar. A semejanza de Valencia ahora tratan de difundirse por medio de combates de "Valetudo". Famosos por salir denunciados en un programa de televisión. En Valencia se han convertido en un medio de captación neonazi y para recaudar dinero para esos grupos al calor de Levantina de Seguridad y los gimnasios que controla El Cojo, dirigente fascista. "Valetudo" es una clase de lucha extrema donde no hay reglas.
Este viernes 18 de julio van a realizar una velada con ese tipo de lucha (bajo el nombre de "Artes marciales mixtas") en Cuarte de Huerva (provincia de Zaragoza). Es a las 22,00 en el Restaurante Bambu, junto a la Bolera. Lo organiza una tienda regentada por neonazis, Imperium Tatoo -PºCalanda, 54-. Han conseguido embaucar a algunas tiendas y negocios, otros habrán colaborado gustosos sabiendo de que va todo.
Por otro lado hay noticias de que se sigue utilizando el local de conciertos neonazis de Cuarte de Huerva que se suponía cerrado y por el que hubo tantas protestas.
Hacemos un llamamiento a toda la sociedad zaragozana a denunciar e impedir estos actos de apología del fascismo. No queremos que esto se parezca al País Valenciano. Las 600 agresiones fascistas y racistas que se dieron en 2007 en esa comunidad nos hacen ver por donde pueden venir las cosas de no atajarlos a tiempo. A la vez junto a los colectivos sociales y antifascistas de todo el estado español exigimos al Gobierno Central que ponga coto a la situación del País Valenciano y otros sitios como la Comunidad de Madrid. Si es que quieren, que a veces lo dudamos.

jueves, 17 de julio de 2008

CCOO y UGT de Palencia pierden un juicio contra varios trabajadores críticos.

Fuente: Castilla socialista


El Juzgado de lo Penal de Palencia ha absuelto a las siete personas que fueron agredidas y posteriormente acusadas, por CCOO y UGT, de haber incurrido en un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, por el solo hecho de haber distribuido octavillas críticas con las prácticas amarillistas de ambos sindicatos, en la manifestación convocada por éstos, el 1º de Mayo de 2006 en Palencia.
El Ministerio Fiscal había pedido en sus conclusiones finales una multa de siete meses, a razón de 10 euros diarios, para cuatro de los siete procesados, mientras que para los otros tres implicados la propuesta de sanción se eleva a los nueve meses, también a razón de 10 euros al día, lo que suponía un montante global de 16.500 euros.
Sin embargo, el juez considera que las incidencias registradas en aquella jornada no forman parte de un hecho penal, por lo que ha decidido absolver a los siete acusadosl.
Durante el juicio celebrado los días 1 y 2 de julio, declararon como testigos de la acusación, el secretario provincial de CCOO, Juan Carlos González, y el ex secretario provincial de UGT Javier Donis, así como otros representantes sindicales.
Los hechos que se juzagaban sucedieron el Primero de Mayo del 2006, en la Calle Mayor de Palencia, al paso de la manifestación, cuando varios jóvenes comenzaron a distribuir, entre los participantes, panfletos en los que acusaban a los sindicatos mayoritarios de haberse vendido a la patronal por haber pactado la última reforma laboral, también mostraron pancartas contra las prácticas amarillistas de UGT y CCOO.
Ante este ejercicio de libertad de expresión, varios sindicalistas intentaron acallarles con golpes y empujones.
El juez argumenta que no se puede condenar a los acusados por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, puesto que la actuación de los siete procesados no llegó a impedir la celebración de la manifestación, señalando que para poder aplicarse el artículo 514.4 del Código Penal tendría que haberse disuelto la marcha para evitar disputas o conflictos, que la manifestación cambiase su recorrido o que se hubiera impedido la lectura del manifiesto. «En el sentido literal del término, ni siquiera hubo perturbación y aunque evidentemente sí se produjeron molestias a los sindicalistas convocantes de la manifestación, desde luego, no fueron graves, pues basta con verificar que pese a intervenir la Policía Nacional, no se refleja atestado alguno incoado con fecha de 1 de mayo del 2006, ni tampoco que alguno de los acusados fuera detenido por su intervención crítica», aseguró el juez.

¿Estado de Derecho?

La petición de traslado de una línea telefónica destapa la existencia de escuchas policiales al diario vasco Gara
Fuente: Insurgente

inSurGente.- Las gestiones realizadas por la empresa editora del diario vasco Gara ante la compañía Telefónica al objeto de trasladar la ubicación de una línea en Iruñea han destapado la existencia de escuchas policiales a este diario. Esas gestiones demostrarían que todas las llamadas recibidas en la delegación de Gara en Pamplona son rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Baigorri Argitaletxea ha presentado la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Iruñea. Las escuchas sin orden ni permiso judicial y por las vías más variadas son una práctica tan ilegal como habitual que las Fuerzas de Seguridad del Estado y agentes del Centro Nacional de Inteligencia desarrollan de manera impune. Ni los casos más evidentes, como el descubierto en la sede de Herri Batasuna en Vitoria-Gasteiz, ni los que han afectado a personas aforadas, incluido el lehendakari, han tenido sanción práctica final. Hagan clic en "Leer más" para ampliar la información.
Gara (Josu Juaristi).- Lo que debía ser una simple gestión administrativa con la compañía Telefónica para solucionar un traslado de línea de un local a otro de Iruñea terminó de un modo ciertamente desagradable. Con la constatación, una vez más, de que en este país se conculcan derechos básicos con toda impunidad.
Dentro de las gestiones mencionadas, el 14 de julio recibíamos una llamada de la compañía al objeto de concretar a qué domicilio debían remitir las facturas a partir del momento del traslado de la línea telefónica. Ante nuestra extrañeza, pedimos aclaraciones y el interlocutor nos cita, para nuestra sorpresa, dos posibles domicilios a los cuales podría remitir las futuras facturas: la nuestra propia (hasta ahí todo bien), y una segunda que correspondía a... la Jefatura Superior de Policía Nacional, sita en la calle General Chinchilla nº 3-5, planta baja, de Iruñea. Huelga decir que la delegación de Gara y la Jefatura Superior de la Policía española no se encuentran en el mismo edificio, ni tan siquiera en la misma zona de la capital navarra.
Y el lector, avispado, se preguntará: ¿cómo es posible que en la compañía Telefónica figuren dos domicilios para la delegación de Gara en Iruñea y que uno de ellos sea el de la Policía Nacional?
Llamadas desviadas
A la vista de los datos, y una vez comprobado que las siguientes gestiones no permitían conseguir mayores aclaraciones, sino que se limitaban a confirmar que, efectivamente, a la compañía le figuraba esa segunda ubicación -incluso se nos facilita el número de teléfono correspondiente a ese segundo domicilio, lo que permite comprobar que, efectivamente, correspondía a la Policía Nacional-, la conclusión es tan obvia como grave: las llamadas que GARA recibe en su delegación de Iruñea son desviadas o rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía Nacional y, por lo tanto, escuchadas, grabadas o lo que sea que hagan con ellas.
«Supongo que será un error», es el único añadido que arrancamos de nuestra interlocución en Telefónica. Pero, ¿cree el lector que existen semejantes casualidades en este país?
Denuncia
En la pertinente denuncia presentada ayer por la empresa editora de este diario ante el Juzgado de Guardia del Palacio de Justicia de Navarra, se apunta, obviamente, que quien presenta la misma no tiene conocimiento de que por cauce legal alguno se haya decidido la interceptación de sus comunicaciones.
De tal modo que, tras lo expuesto y los diáfanos indicios que motivan la denuncia, la empresa editora de GARA solicita la práctica de las siguientes diligencias de prueba:
- que la compañía Telefónica informe al Juzgado arriba mencionado de si se está practicando alguna intervención o escucha telefónica de las llamadas recibidas en la delegación del periódico en Iruñea o en cualquier otra línea telefónica de la empresa editora de GARA, y la causa u origen de la misma.
- y que, asimismo, se inste a la Jefatura Superior de la Policía española para que informe al Juzgado si está practicando alguna escucha telefónica de ése u otro número de Gara.
Práctica ilegal y asidua ejecutada con impunidad
Gara (Iñaki Iriondo).- El espionaje político es una práctica delictiva pero consentida por los poderes del Estado español, hasta el punto de que sus autores saben que actúan en condiciones de casi total impunidad y con protección oficial. Los hechos así lo demuestran. En los pocos casos en los que se ha demostrado la existencia de escuchas ilegales, la depuración de responsabilidades ha acabado diluyéndose y quedando en nada.
Un ejemplo paradigmático es el de las escuchas descubiertas en la sede de HB de Gasteiz en marzo de 1998. A raíz de un cambio de centralita telefónica se encontró un dispositivo en el falso techo que llevaba cables al piso superior, alquilado por el Cesid, y donde aparecieron numerosas grabaciones de conversaciones privadas. La condena inicial contra dos directores del espionaje español y contra dos de sus agentes, dictada por la Audiencia Provincial de Araba tras una instrucción llena de obstáculos oficiales, fue corregida por instancias judiciales superiores, hasta acabar absolviendo o indultando a todos los condenados. Y el Tribunal Supremo se permitió escribir en la sentencia que espiar a HB -una formación legal durante los años de escuchas- «no puede llamar la atención».
Un caso más cercano nos lleva a las fechas posteriores al 11-M de 2004. En julio de ese mismo año trascendió públicamente una «nota informativa» del CNI en el que daba cuenta de conversaciones telefónicas mantenidas tras los atentados de Madrid entre el presidente de ERC y Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, Josep LLuís Carod- Rovira, y el parlamentario de Sozialista Abertzaleak Arnaldo Otegi y entre éste y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el parlamentario de EA Rafael Larreina. EA y ERC solicitaron la comparecencia en comisión del Congreso del director del CNI y de la vicepresidenta del Gobierno a fin de que informaran sobre el porqué de estas escuchas y la garantía de la protección del secreto de comunicaciones. Las peticiones, efectuadas en julio de 2004, no fueron atendidas en toda la legislatura y acabaron caducando con la disolución de las Cortes.
En torno a Gara
Lo ocurrido ahora en la delegación de Iruñea no es el único episodio que hace pensar en la existencia de un espionaje ilegal y en el que de una u otra forma aparece afectado este diario. Hace diez años, cuando comenzaba a ponerse en marcha Gara, en la primera visita al local que hoy es la redacción de Donostia se observó un extraño montaje que hacía sospechar que se habían estado realizando escuchas al local situado debajo, en el que está la sede de EA. La planta de edificio estaba como había quedado de obra (techo, suelo y columnas, ninguna pared), pero «en una zona -recuerda una persona que visitó el edificio- se había levantado una especie de habitáculo, creo que con láminas de madera o algo parecido, en el que había evidencias, como algún instrumento de gimnasia, que dejaba claro que alguien había estado allí pasando mucho tiempo. A aquel habitáculo llegaban varios tubos de plástico, de los que se emplean para canalizar cables, que conectaban con el piso de abajo».
El otro caso afectó directamente a la primera directora de este diario, Mertxe Aizpurua. «Un familiar llamó en una ocasión a mi domicilio -comenta- y escuchó la conversación que había mantenido yo la víspera en mi casa. No por teléfono, sino en casa». Una muestra de cómo el teléfono puede ser utilizado también a modo de micrófono para controlar todo tipo de conversaciones que se produzcan cerca de él.
Al PNV, en el despacho del Congreso
En 2003 las secretarias del grupo del PNV en el Congreso comenzaron a notar ruidos extraños en sus teléfonos. Aparecían interferencias y, en una ocasión, tras marcar un número exterior y antes de oír el tono de llamada, escucharon la reproducción de una conversación del día anterior. El grupo denunció el caso a la presidenta de la Cámara y uno de los agentes de la comisaría del Congreso revisó la instalación y dijo que no había observado nada raro.
El entonces diputado Iñaki Anasagasti cuenta en su libro «Agur Aznar» que le preguntó a un dirigente del PSOE si pensaba que les habían estado espiando o si creía que todo era un montaje propagandístico del propio PNV. «Por supuesto que os han puesto escuchas -le respondió- pero esta sociedad está tan vacunada contra el nacionalismo que digáis lo que digáis, denunciéis lo que denunciéis, nadie os hará el menor caso».
También el parlamentario de Ezker Batua, Oskar Matute, tiene la sensación de haber sido espiado en más de una ocasión. En los tiempos en los que se estaba fraguando el Acuerdo de Lizarra-Garazi, en cuya gestión y desarrollo participó, se encontró en dos ocasiones el coche abierto y lo único que le faltaban eran algunos papeles.
A la izquierda abertzale, con descaro
El espionaje contra la izquierda abertzale ha sido una constante, pero en los últimos años se observa un mayor descaro y osadía por parte de los encargados del control, llegando a haber instalado sistemas de escuchas dentro de domicilios particulares, como el que un ex preso político comparte con otros compañeros de piso, y artilugios de seguimiento en los vehículos de varios militantes independentistas. Además de la función de control y obtención de información, este tipo de actuaciones tienen también la intención de intimidar a sus víctimas.
Uno de los episodios más chuscos en materia de espionaje lo sufrió el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en verano de 2004. Dos hombres que se hacían pasar por empleados de Euskaltel entraron en su domicilio aduciendo que debían tomar imágenes del cableado de la fachada. Una vez en la casa grabaron de forma disimulada imágenes del interior, lo que despertó sospechas. La empresa telefónica negó haber encargado un trabajo de ese tipo, por lo que la familia de Otegi presentó la oportuna denuncia, aportando la matrícula y datos del vehículo de los dos falsos técnicos de telefonía.
Durante el último proceso negociador las labores de seguimiento y control de los interlocutores de Batasuna no se frenaron en ningún momento, hasta el punto de que había mahaikides que ya conocían a los agentes encargados de sus seguimientos y cruzarse con ellos en la acera al salir de casa o verlos esperar dentro de sus vehículos en las cercanías de donde tenían aparcado el coche daba lugar a situaciones paradójicas. Pero no siempre las actuaciones policiales son tan evidentes y se limitan al seguimiento personal. El asesor de la comisión negociadora de Batasuna, Unai Fano, encontró un sistema de GPS, activable por teléfono, en su coche. Curiosamente, cuando el 1 de febrero de 2007 Fano viajaba hacia Bilbo a la rueda de prensa de denuncia del caso, fue retenido violentamente por la Guardia Civil. Pero el artilugio ya estaba en la capital vizcaina para ser expuesto ante la prensa.
Pese a las denuncias presentadas en todos los casos, no consta que haya ningún tipo de actuación penal contra los espías.
Espionaje a los medios en un "Estado de Derecho" (Editorial de Gara)
Cuando se pone en cuestión que el Estado español sea un Estado de Derecho y, por ende, una democracia, la mayoría de los medios de comunicación y partidos políticos españoles, y algunos vascos, aparentemente indignados, se llevan las manos a la cabeza ante semejante, dicen, infamia. En Euskal Herria, sin embargo, la labor de los distintos aparatos estatales les deja en evidencia. Hoy, desgraciadamente, este diario pasa a ser lo que nunca debería ser más allá de su quehacer informativo: noticia. Y nos vemos obligados a presentarnos ante nuestros lectores y ante la sociedad vasca con la denuncia presentada por las escuchas policiales de las que es objeto.
Habrá quien piense que esto, más o menos, es «normal», hasta tal punto estarían algunos asimilando o, peor aún, aceptando una situación absolutamente intolerable e inaceptable desde el punto de vista de los derechos más básicos. Pero no permitamos que un Estado de Derecho que no es tal socave hasta ese punto la percepción de las cosas. Descubrir secretos o vulnerar la intimidad interceptando telecomunicaciones o utilizando artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción está tipificado incluso en el Código Penal de quienes (el Estado español, en el caso que nos ocupa) dicen ser adalides de la democracia, y es mucho más grave cuando es cometido por la autoridad o funcionarios públicos. Y es especialmente grave cuando a quien afecta ese hecho es a un medio de comunicación, como es el caso, puesto que interceptando sus comunicaciones se pone en peligro el secreto de las fuentes de información, y de ese modo se está atentando contra un derecho fundamental, el de emitir y recibir información veraz.
Es un hecho extremadamente grave, así lo hacemos constar y así lo denunciamos. Y somos muy conscientes, obviamente, de que no es un hecho aislado, de que las escuchas policiales en Euskal Herria son, lamentablemente, algo habitual y muchas veces denunciado (y demostrado), tanto por las personas, partidos políticos, asociaciones u organizaciones afectadas como por algunos medios de comunicación, y en especial por éste que tienen en sus manos.
En nuestro caso, no podemos sino lanzar al aire varias preguntas: ¿Con qué objeto se espía a Gara? ¿Cuántas de sus líneas telefónicas están interceptadas y son desviadas a oficinas policiales? ¿Desde cuándo tienen lugar? ¿Quién ha ordenado la realización de esas escuchas policiales? Habrá quien sostenga que, pese a todo, es un Estado de Derecho; muy bien, pero, entre otras cosas, se espía a los medios.