“Endesa lo tuvo fácil, compró a todas las familias implicadas”

Fernando Molina Cortés / Diagonal
Juzgado por la ley antiterrorista y encarcelado durante cinco años por participar, presuntamente, en un sabotaje a una presa en la Patagonia chilena, Víctor Ancalaf, un histórico de la lucha de los mapuche por los derechos de su pueblo, habla con DIAGONAL.

“Quiero que mis hijos vivan con la naturaleza como compañera de piso”. Ése es el último mensaje publicitario de la multinacional energética española Endesa. Un mensaje que indigna a Víctor Ancalaf, representante del Movimiento Mapuche chileno. Víctor ha participado desde finales de los ‘90 en la defensa de las tierras de este pueblo nativo suramericano (10% de la población chilena) y en las movilizaciones contra las empresas forestales y la multinacional eléctrica española Endesa. Por ello, y tras un juicio en el que no quedó demostrada su participación en unos sabotajes, fue condenado a cinco años de prisión. En 2007 recuperó su libertad y en estos días se encuentra en Madrid para denunciar la situación de opresión a la que se ve sometido el pueblo mapuche. “Es un mensaje irónico”, dice Ancalaf en referencia al anuncio de la eléctrica, “habría que recordar a Endesa que mis hijos no van a poder vivir con la naturaleza como compañera de piso porque nuestras comunidades están bajo 180 m de agua”.
Víctor se refiere al agua de la presa hidroeléctrica Ralco, que Endesa inauguró hace dos años en el río Bío Bío, uno de los más importantes ecosistemas del país y que supuso la expulsión de sus tierras para varias comunidades con siglos de existencia en la zona. La resistencia de Víctor y de su pueblo sigue hoy día, pues Endesa, junto con otras multinacionales como la noruega NS Power y la italiana Benetton, siguen planeando nuevas centrales y nuevas formas de extraer los recursos naturales que dejarán nuevamente mermados a los mapuches.
D. : ¿Qué repercusiones ha tenido la construcción de esta presa ?
V.A. : Ha dejado 15.000 ha inundadas. Se destruyó todo el bosque nativo que existía e interrumpieron el ciclo natural de vida de la flora y la fauna del río Bío Bío. Además, Endesa dijo que se iba a ocupar de nuestras familias, que esta presa iba a contribuir al progreso y desarrollo del país y de nuestro territorio. Pero en la práctica no ha sido así. Nos han engañado como a niños. La población fue realojada en terrenos desérticos, en lugares aislados con 2 metros de nieve en invierno y con ausencia de pastos en verano. Prometieron regalarnos el flujo eléctrico, pero no han cumplido. Y además, lo que dicen no es cierto. No es cierto que esta central eléctrica beneficie a nuestra comunidad o a la población chilena en general. Se comercia con esa energía. Gran parte de la energía obtenida en nuestro territorio es vendida a Bolivia y a Perú.
D. : A pesar de las movilizaciones, la construcción de la central se produjo finalmente.
V.A. : Creo que también los hermanos del Alto Bío Bío tuvieron gran parte de responsabilidad por no tener políticamente claro qué es lo que querían y por no saber reclamar sus derechos. Por eso Endesa lo tuvo fácil, compró a todas las familias implicadas. Invirtieron para comprar las tierras a los dueños. Los asistentes sociales iban casa por casa para convencerlos de que vendieran. Era de esperar, pues las obras estaban muy avanzadas y la gente temió que se quedaran con sus tierras a cambio de nada. Por eso decidieron vender y al menos quedar con algo.
D. : ¿Qué métodos habéis utilizado para resistir ?
V.A. : La dignidad de nuestro pueblo se sitúa al calor de la lucha. Nosotros estamos luchando más allá de la defensa de nuestra tierra. Estamos luchando contra un sistema económico injusto. Y por eso hemos tenido cuatro muertos y numerosos heridos, y continúan muchos compañeros presos. Además, nos aplican la ley más dura, la ley antiterrorista. Yo he sido condenado a cinco años de cárcel por la presunta participación en unos sabotajes a una maquinaria durante la construcción de la presa. Pero no se llegó a demostrar. Se me encarceló por ser presunto. Hasta el día de hoy no se ha demostrado que yo estuviera implicado.
D. : ¿Se ha producido algún cambio desde la llegada de Michelle Bachelet ?
V.A. : No. Ninguno. Durante los cuatro gobiernos de la concertación en Chile hemos continuado con la misma política y la misma Constitución que dejó Pinochet en los años ‘80. Así que la represión no se ejerce sólo contra los mapuches. La privatización de la educación, de la salud y de los recursos naturales crea una fosa social cada vez más importante. Ni siquiera es por causa de la propia Bachelet. Ella es prisionera del sistema. Seguimos viviendo en un sistema impuesto que los pueblos originarios no hemos podido ni elegir ni desarrollar.
D. : Todo esto a pesar de que existen en Chile leyes de protección de los pueblos indígenas. ¿En qué medida se cumplen éstas ?
V.A. : Existe la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), pero es estatal. A nosotros no nos protege el Estado, nos protege nuestra gente, nuestro movimiento. El Estado se preocupa de proteger a las trasnacionales, desde un punto de vista policial y jurídico. En realidad, la Ley Eléctrica sobrepasó a las leyes indígenas. No sirve de mucho que haya una ley de protección de los mapuche si luego no hay leyes que protejan las tierras o los recursos hídricos. Los intereses financieros se encuentran por delante. En 20 años, nuestros territorios fueron invadidos por multinacionales forestales, centrales hidráulicas y empresas pesqueras. Todas esas actividades son apoyadas por las autoridades chilenas que financian más de la mitad de los gastos para la instauración de esas multinacionales.
D. : También demandáis que se reconozcan vuestros derechos políticos como pueblo, vuestra autonomía...
V.A. : En realidad nosotros siempre fuimos un pueblo indígena autónomo, o al menos así nos hemos considerado. Lo que sucede es que hay una ley indígena que no se cumple. Tampoco se respetan los derechos de los pueblos originarios ni las leyes medioambientales. Pero además, como decía, nuestra lucha es contra este sistema político globalizado neoliberal y mercantilista que es perjudicial. Luchamos contra las empresas forestales, mineras, pesqueras y energéticas que han hecho bastante daño desde el punto de vista ambiental, social, económico y político. Pero también luchamos contra los grandes fundios, para que haya una distribución justa de la tierra. Porque hoy día el pueblo mapuche tiene casi 3,5 hectáreas por familia. Una cantidad muy pequeña para que una familia común y corriente pueda vivir holgadamente.