jueves, 5 de marzo de 2009

El PSOE cambiará la ley para limitar las querellas

Diagonal
La admisión de la demanda presentada en la Audiencia Nacional contra un ex ministro y seis militares desata la ira de Israel. Moratinos dice que modificará la ley para limitar la admisión de querellas.
El 22 de julio de 2002 un F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj de Gaza. El objetivo: Sala Shehadeh de Hamás. 15 personas murieron, la mayoría niños, y 150 resultaron heridas. Así comienza la querella admitida en la Audiencia Nacional. Si entonces fue la muerte de 15 civiles por una bomba, parece lógico que la masacre de 1.500 personas por 985 bombas, en 22 días, sea también juzgada y considerada un crimen contra la humanidad. La lucha de diversas ONG y la pericia de sus abogados abren esperanzas para hacer que el derecho internacional se cumpla. En España se han presentado 17 causas basadas en el Principio de Justicia Universal. Según Amnistía Internacional, “España exhibe una experiencia acumulada en el ejercicio de la jurisdicción universal que la distingue de otros países”. En la última década han sido admitidas 12 querellas en los casos de Chile, Argentina (Scilingo y caso Cavallo), Guatemala, China (Tibet y Falun Gong), Sahara Occidental, caso Couso, Ruanda, Campos de concentración nazis, el Salvador y Gaza.
Cada una de las querellas abre camino. En el caso de Argentina, con sentencia contra Scilingo por lesa humanidad; en el de Chile, con la detención en Londres de Pinochet... Ahora con la de Gaza se inicia un proceso que podría ampliarse. Según los abogados que ejercen la acusación particular en la querella contra Israel, Antonio Segura, Raúl Maillo, Gonzalo Boyé y Juan Moreno, ya se han conseguido dos cosas importantes: “Generar un malestar en Israel sobre su Ejército, y plantear a las autoridades palestinas que es posible perseguir a los culpables”.
Por eso, el pasado 12 de febrero el embajador de Palestina en España y el ministro de Justicia palestino viajaron a La Haya para firmar los tratados de la Corte Penal Internacional. “Si se lo permiten, no está reconocido como Estado, podrían poner una querella ahora o más adelante. Los crímenes contra la humanidad no prescriben”, explican a DIAGONAL los letrados.
El caso de Ruanda
El juicio por el caso de Ruanda, en el que murieron cuatro millones de personas –nueve de ellas españolas–, implica a 69 altos cargos por genocidio y crímenes de lesa humanidad. La Audiencia ya ha procesado a 40 militares y ha acusado al presidente ruandés, Paul Kagame, aunque goza de inmunidad.
Tras seis años se han conseguido logros también en el caso de Couso. Javier, hermano del cámara, cree que se ha avanzado bastante. El juez Santiago Pedraz ha dictado una serie de medidas después de que se revocara la orden de busca y captura de los militares. “Somos moderadamente optimistas: es un triunfo que se haya dictado la primera orden de busca y captura contra dos militares de EE UU a través de la Interpol. El problema es que el Gobierno desde la Fiscalía se opone a que se resuelva el caso, como el PP. Están empeñados en mantener buenas relaciones y no que se haga justicia”, dice Couso. En el caso de Guatemala, Efraín Ríos Montt y otros oficiales del Gobierno están acusados de terrorismo, genocidio y tortura: más de 200.000 personas de etnia maya desaparecieron durante su mandato. La Audiencia descartó la querella y más tarde el Tribunal Constitucional estableció la competencia de la Audiencia Nacional. Solicitó la extradición de varios acusados, y lo que es más importante, estableció “enjuiciar dichos crímenes por los tribunales españoles en aplicación del principio de Justicia Universal aún cuando no haya víctimas españolas ni vínculos con intereses nacionales”.
Cambios en la ley
Esta sentencia del Tribunal Constitucional entraría en contradicción con la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que Miguel Ángel Moratinos prometió el 30 de enero a la ministra de Exteriores de Israel Tzipi Livni, según la prensa israelí, algo que luego confirmó el Gobierno español. Sin embargo, el intento de reforma viene de atrás. Después de la sentencia de Scilingo, en 2005, se creó una comisión para revisar la admisión de querellas, según señala Antonio Segura, abogado con más de 12 años de experiencia en derecho humanitario y que ha participado en los casos Guatemala, Argentina, Chile, contra cuatro responsables nazis... Raúl Maillo, compañero de Segura en el caso de Gaza, considera que no es normal un cambio de la ley ni que se aplique con efectos retroactivos, ya que “se basa en la Jurisdicción Universal”.
Por su parte, Segura considera que si la reforma se lleva adelante se limitaría el derecho. “El filtro trataría de ponerse en la admisión de las querellas, sólo se considerarían aquellas que provengan de países con afinidad cultural o geográfica con España. Eso supondría una manipulación del principio Universal de Justicia y generaría problemas por su supuesto neocolonialismo. Como ha ocurrido en el caso de Guatemala, los regímenes que no quieren juzgar sus crímenes lo calificarían de injerencia”.
Y por qué se quiere cambiar el articulo 23.4 de la LOPJ. “Por temor a algunos Estados, y sobre todo, por miedo a que terceros países abran también causas similares contra España por los crímenes cometidos en la Guerra Civil. Los crímenes contra la humanidad no prescriben”, puntualiza Segura. Señala que algunas querellas de la Audiencia tienen intereses políticos que perjudican al resto, que sí persiguen cumplir el derecho internacional. Segura emplea el argot del derecho para nombrar a las asociaciones que presentan querellas sin fundamentar, pero con buenas intenciones, “son los ’Corredores locos’. Y los que buscan protagonismo o fines políticos, a estos abogados les llamamos ‘Caníbales’, abren procedimientos sabiendo que no van a llegar a ningún lado. Tienen, durante el tiempo que dura, la aureola de luchadores por los derechos humanos y al final acaban y se archivan, como pasó con la del Franquismo [instruida por el juez Garzón]. Se perseguían desapariciones forzosas, que prescriben, no crímenes contra la humanidad. Otra querella, la del Tibet, se admite a ocho días de los juegos olímpicos de Pekín. Y no se violan menos los derechos en el Tibet que en Guantánamo”, afirma.
ACUSADOS POR GENOCIDIO
EHUD OLMERT. Primer ministro de Israel. Decidió los ataques de Líbano en 2006 y de la Franja de Gaza en 2008, así como su bloqueo a partir del verano de 2007.
EHUD BARAK. Primer ministro de Israel entre 1999 y 2001. Líder del Partido Laborista y ministro de Defensa durante la operación ‘Plomo Fundido’.
GABI ASHKENAZI. Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelíes. Participó en la imposición del bloqueo de Gaza y ordenó los bombardeos de 2008.
MATAN VILNAI. General de Ejército israelí y actual viceministro de Defensa. Participó en las decisiones de bloquear Gaza en 2007 y bombardearla en 2008.
SHAUL MOFAZ. Actual ministro de Transportes y ex ministro de Defensa. En 2001 habría ordenado la muerte de 70 palestinos armados por día.
AMIR PERETZ. Ministro de Defensa hasta que fue reemplazado por Ehud Barak. Ordenó, entre otros, el bombardeo de ciudades y aldeas del Líbano en 2006.
AVI DICHTER. Actual ministro de la Seguridad Pública y antiguo jefe del Servicio de Inteligencia Israelí. Ordenó realizar torturas a palestinos.
DAN HALUTZ. Antiguo Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelíes. Ordenó ataques contra poblaciones en Líbano en 2006.
MOSHE ‘BOGIE’ YAALON. Comandante en Jefe del Ejército en 1996 cuando se bombardearon las instalaciones de la ONU en Qana, Líbano.

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