Denuncian el fracaso de los protocolos para prevenir la tortura

Diagonal
Da igual que se apliquen protocolos o haya médicos forenses, da igual que organismos internacionales condenen a Madrid: se sigue torturando”, afirma el abogado Aiert Larrarte de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), organismo vasco de defensa de los derechos humanos. Y es que, tanto el protocolo para prevenir la tortura a detenidos en régimen de incomunicación de la policía autonómica vasca, aprobado en 2005, como el aplicado ocasionalmente por el juez Baltasar Garzón desde 2006 no bastan. Así lo constatan Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos), el TAT y otras entidades de defensa de los derechos humanos. También lo acreditan las 62 denuncias por torturas recogidas por el TAT durante 2008, 19 en supuesta aplicación de estos protocolos.
La detención de Manex Castro el pasado 1 marzo, ha marcado un punto de inflexión: tras tres años sin hacerlo –desde febrero de 2006–, la Ertzaintza ha vuelto a aplicar el régimen de incomunicación. Y con ello, han reaparecido las denuncias contra este cuerpo por torturas y malos tratos. Y las dudas sobre la opacidad de un protocolo controlado por la propia Ertzaintza en el que el acceso a las grabaciones de los interrogatorios se ha revelado imposible [Ver recuadro]. A pesar de que el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, exigió recientemente que “debe darse a la defensa acceso a las cintas grabadas”.
Similares dificultades y trabas se producen con el protocolo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que en diciembre de 2006 impulsó personalmente su particular reglamento, durante la detención de once presuntos yihadistas en Ceuta. Garzón ordenó entonces la filmación íntegra de todo el proceso de incomunicación. En aquella ocasión, la respuesta policial fue escueta y sintomática: Interior respondió inmediatamente que no tenía medios –cámaras y cintas– para cumplir y aplicar esas órdenes. Para Behatokia, el problema está en “la ausencia radical de un protocolo integral”. “El protocolo de Garzón”, señala Julen Arzuaga, abogado de este organismo, “se ordena en la Audiencia Nacional al albur de cada juez, tras solicitarlo los abogados”. Y así, Grande-Marlaska, Del Olmo e Ismael Moreno se niegan a aplicarlo. Santiago Pedraz lo ha aprobado en alguna ocasión y diversas fuentes sostienen que el magistrado Fernando Andreu sopesa desarrollarlo. Esa aleatoriedad ha provocado que, sólo en 2007, la policía española aplicase el protocolo en 12 de las 40 detenciones incomunicadas contra ciudadanos vascos.
En 2008, en cambio, no aplicó el protocolo a ninguno de los 16 detenidos en régimen de incomunicación, ni siquiera en algunas detenciones ordenadas por el propio Garzón. “Se trata –insiste Arzuaga– de una aplicación restringida y aleatoria, con respuestas muy dispares. Y así es difícil, imposible, erradicar la tortura”.
Behatokia reconoce avances cuando se aplican medidas de prevención. La visita al detenido de un médico de confianza ha sido permitida, aunque se deniega todavía la posibilidad de realizarle un informe forense independiente. La comunicación con los familiares ha sido escueta, vía telefónica, pero positiva respecto al pasado: fueron informados del estado y lugar donde se hallaba el familiar detenido. En el reverso negativo, los traslados de los detenidos siguen siendo incontrolables, y en ellos se producen muchas de las agresiones denunciadas. Por ello, Behatokia exige una aplicación integral, automática y sistemática de medidas para prevenir los abusos.
Sin olvidar que la demanda neurálgica sigue siendo la modificación de la arquitectura jurídica –legislación especial antiterrorista y régimen de incomunicación– que genera espacios de impunidad y ampara la práctica de la tortura, necesidad que resalta el TAT: “La única medida para la prevención de la tortura es, como exigen a Madrid desde instancias internacionales, la derogación de la incomunicación a los detenidos”.
Amnistía Internacional, en declaraciones de su representante, Peter Splinter, recogidas por France Press, también ha señalado que “el Estado español debería reflexionar seriamente en lugar de rechazar las recomendaciones que le hace la ONU; las detenciones incomunicadas acrecientan el riesgo de tortura”.
Arzuaga es de la misma opinión: “Se ha podido observar la incapacidad del Estado español para asumir críticas y reconocer que su práctica antiterrorista está en contradicción directa con el respeto a los derechos humanos, una actitud ajena al más básico principio de colaboración con la ONU”. Interior, desoyendo nuevamente las recomendaciones internacionales, ha vuelto a negarse a instalar cámaras en los 250 centros de recepción de personas detenidas que hay en el Estado. Y eso que el Ejecutivo incluyó esta propuesta en su Plan de Derechos Humanos, presentado a bombo y platillo el pasado diciembre.
Pero ese compromiso sigue sonando a hueco. Son elocuentes las declaraciones de Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que se muestra favorable a su instalación: “A Interior le interesa nuestra eficacia, todo lo demás está en segundo término”. En Catalunya, en cambio, la instalación de cámaras (y de cámaras ocultas) en 88 comisarías ha supuesto, en un año, el descenso en un 42% de las denuncias por malos tratos contra los Mossos. Denuncias que sin embargo han repuntado en la calle y en los traslados.