Vejado en una comisaría “para aprender a denunciar a la policía”

Investigan a agentes de la Policía Nacional de Sevilla por detener ilegalmente, humillar y golpear en una comisaría a un joven que había ido a denunciar el trato vejatorio sufrido a mano de policías locales.
Diagonal
El pasado 19 de abril, Héctor estuvo, como varios cientos de personas más, en un concierto organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en la Alameda de Hércules. Cuando el evento terminó, un grupo de policías locales decidió disolver al público. Según relata el propio Héctor, se sintió intimidado por las “malas maneras” de los agentes y le pidió a uno de ellos el número de placa. La respuesta que obtuvo fue una multa de 150 euros “por la permanencia y concentración de personas que se encuentran consumiendo bebidas fuera de las zonas habilitadas al efecto. Se interviene una botella de Coca-Cola medio llena”. Hasta aquí, una situación habitual en las noches sevillanas. Tan habitual que hasta un juzgado de la ciudad ha condenado a un policía local por aplicar la ley antibotellón “de forma represiva y no preventiva” al pretender que, tras un concierto el público congregado en una plaza la despejara en tres minutos.
Pero, según el relato de Héctor, esta vez los agentes se excedieron aún más: uno de ellos le gritó “eres un auténtico cabrón” y él le contestó “sinvergüenza”. En un momento había ocho policías empujándole e increpándole.
Aprender “la lección” Entonces cometió lo que ahora llama “el acto más estúpido” de su vida: correr a la comisaría de la Policía Nacional situada a unos 50 metros. La primera reacción del agente que estaba en la puerta y al que le explicó la situación fue espetarle que “a denunciar te vas al Ayuntamiento”. Pero el joven aún así, insistió varias veces en entrar. Se le escapó un “joder, son todos iguales”. “El policía de la puerta me metió un empujón de órdago”. Otros dos agentes le agarraron y empujaron a los dos amigos que le acompañaban hacia fuera. Éstos pudieron ver cómo le cogían de un brazo y del cuello y se le llevaban al sótano. Héctor cuenta que allí le ataron en cruz, con cintos en las manos, y dos policías le golpearon, increparon y escupieron durante media hora. “Vas a aprender a denunciar a la policía”, le decían mientras le enseñaban un objeto que daba descargas eléctricas. Asustado, rogó que le soltaran, lo que finalmente entre insultos hicieron los policías. No sin antes asegurarse de que hubiera “aprendido la lección”.
Nunca fue identificado por los agentes ni quedó constancia de su paso por comisaría, pero tiene testigos de lo que ocurrió en la puerta. Esa noche fue al hospital, del que tiene un parte de lesiones. Después denunció lo sucedido en un juzgado, con el apoyo de la Asamblea La Calle es de Todxs y los abogados del Grupo 17 de Marzo, tristemente especializados en estos abusos.
De hecho, estos colectivos han denunciado otros dos casos de personas que dicen haber sufrido malos tratos por parte de agentes nacionales en los últimos meses. El primero fue apaleado por estar sentado en la calle de madrugada, a juicio de una patrulla “demasiado cerca” de ellos, y pasó la noche en una comisaría en la que también asegura haber sido vejado. Y el otro, miembro activo de la citada Asamblea, fue abordado por dos policías secretas con la excusa de haber robado la bicicleta que conducía. A pesar de poder demostrar rápidamente que la había alquilado, fue detenido. Según su testimonio, no se identificaron como policías y su intento de huir de lo que pensaba era un robo, ha pasado en la versión policial a ser considerado una agresión. Ambos detenidos se enfrentan ahora a juicios por atentado contra la autoridad, penados con entre uno y tres años de cárcel. Según el Grupo 17 de Marzo, la práctica sistemática de la Fiscalía sevillana frente a las denuncias policiales por atentado es no abrir diligencias previas y no investigarlas.
Héctor ha tenido más suerte: su denuncia ha sido admitida a trámite y el juez ha pedido a la Jefatura de Policía que identifique a los agentes que estaban en la comisaría aquella noche. Se les juzgará por un delito de detención ilegal, otro contra la integridad moral y otro de lesiones, basándose en el relato de Héctor, de sus amigos y las grabaciones de las cámaras de la puerta de la comisaría. Para su abogado, que la denuncia sea admitida ya es una buena noticia frente a la impunidad con que suele contar la policía en estos casos. Y lanza un reproche al Gobierno: si hubiera seguido las recomendaciones del relator de la ONU para los Derechos Humanos, habría instalado cámaras dentro de la comisaría y se habría grabado, si no evitado, lo que pasó en el sótano.
LA CALLE ES DE TODOS
La 7/2006 o ley antibotellón fue aprobada en el Parlamento andaluz hace tres años con los votos de la mayoría del PSOE y desde entonces, se aplica “a rajatabla en Sevilla”, aunque sólo en algunas zonas, como la Alameda o el casco histórico, asegura Luis de los Santos, abogado y miembro del Grupo 17 de Marzo, lo que está provocando un aumento de las quejas por la actuación de los policías municipales y nacionales. En respuesta, una plataforma ciudadana –La Calle Es de Todxs (lacalleesdetodos. blogspot.com)– se ha conformado para defender “el libre uso de los espacios públicos”. El 9 de mayo convocó una concentración “Contra los abusos policiales” ante la comisaría de la Policía Nacional de la Alameda. Según afirman en un panfleto, “en los últimos meses nos han llegado diferentes denuncias de detenciones ilegales, lesiones y trato degradante por parte de un grupo de funcionarios” de dicha comisaría.